Por su interés reproducos íntegramente este artículo publicado en CF.
El PP Europeo reprocha a la Comisión que pretenda ‘legislar’ a golpe de sentencia
La batalla política que activó el dictamen dirigido a la Farmacia española hace un año y medio sigue en pie.
José María López Agúndez jmlopeza@recoletos.es 08/10/2007
La amenaza de la posible denuncia de la Comisión contra España en el Tribunal de Luxemburgo no plegarse a los propósitos liberalizadores de Charles McCreevy, comisario de Servicios y del Mercado Interior, ha motivado algunos movientos en Bruselas para tratar de parar o paliar los efectos del dictamen.
Tal y como ha venido informando CF, estas dos son las vías, la judicial y la política, que están abiertas ahora mismo sobre el futuro de la Farmacia española. Respecto a la prera, todavía se está a la espera de que la Comisión presente la correspondiente denuncia en el tribunal. Fuentes consultadas CF en Bruselas han comentado que conocer la situación exacta del expediente español "resulta bastante difícil que es una cuestión que el Estado lleva directamente con la Comisión y lo está haciendo de manera muy secreta".
Situación Actual
Mientras tanto, las opciones políticas siguen abiertas. Como CF ya ha explicado en anteriores ocasiones, una directiva que regule específicamente los servicios sanitarios (excluídos ya de la liberalizadora Directiva de Servicios) puede ser una vía para que los Estados conserven su competencia para gestionar sus propios sistemas sanitarios. Ésta es una idea que surgió desde el Grupo Aachem, integrado ocho países de tendencia socialdemócrata (Suecia, España, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Italia y Reino Unido) y denominado así que se reunieron en Alemania prera vez en 2005. Estos Estados propusieron crear una tendencia proteccionista de las peculiaridades de sus sistemas de salud frente a las tendencias de apertura total del mercado vigentes en otros sectores de la economía (ver CF del 2II2007 y del 20XI2006).
Reactivación
Ahora ha sido la eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez Cortines quien ha reactivado el debate político sobre el futuro de la Farmacia en España, ya que ha presentado dos preguntas para la Comisión Europea que se debatirán en la sesión del Parlamento Europeo que se celebra este miércoles en Bruselas.
Sistema de Calidad
Las cuestiones se plantean "ante el procediento de infracción abierto la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea, que pretende liberalizar las farmacias rompiendo una estructura y un sistema que sirve perfectamente al ciudadano y contribuye a la calidad en el servicio farmacéutico".
Gutiérrez Cortines pregunta prero si con el dictamen abierto "la Comisión desea hacer de este campo un mercado perfecto, regulado la ley de la oferta y la demanda, donde la salud de los ciudadanos y los valores y principios acordados el Consejo de la Unión Europea sean un factor marginal".
A ésta añade una segunda en la que inquiere si "la Comisión Europea cree que es posible modificar el artículo 152 del Tratado a base de procedientos de infracción y saltando enca de las instituciones reguladoras: el Consejo, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales".
Este últo planteamiento ya se ha criticado desde instancias españolas y europeas. John Chave, secretario general del Grupo Europeo Farmacéutico de la Unión Europea (PGEU, en sus siglas en inglés), advirtió antes del verano en un foro organizado la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica (Aproafa) que "la Comisión quiere plantar un único modelo de farmacia no regulado, pero no a través de mecanismos democráticos sino con burocracia".
Con motivo del auto del Tribunal de Luxemburgo que rechazó estudiar la cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Asturias sobre planificación y baremos, de la que informó CF a finales de julio, Pedro Capilla, presidente del Consejo de COF, apuntó que no es bueno para la UE que se legisle con pronunciamientos judiciales.
El tribunal entendió que no estaba bien planteada. Tal y como precisó Capilla, "el expediente de Asturias, una judicialización más de las que existen en en ámbito europeo, muestra que el Tribunal de Luxemburgo no es el que debe legislar".
