Se sospecha que cinco agencias publicitarias –encargadas de la compra de espacios publicitarios o agencias de medios- pudieron reunirse y pactar qué ofertas iban a realizar a la administración para optar a una jugosa campaña de publicidad institucional que tendría anuncios de televisión, radio y prensa, tal y como ha publicado El Mundo. Sólo la cantidad de este concurso publicitario era de 88 millones de euros -sin IVA- durante dos años prorrogables.
Las agencias que estarían siendo investigadas: Media Sapiens Spain, Media by Design, Carat España, Persuade Comunicación y Optimedia. Auque todavía no está probado si fueron esas cinco agencias investigadas las que pactaron los precios para la campaña de la administración, o alguna se negó a hacerlo, por lo que a la investigación le queda mucho recorrido todavía. Se sospecha el reparto de distintas adjudicaciones relativas a la administración, por lo que la inspección se centra en sus discos duros y comunicaciones telemáticas. Aunque la CNMC advierte que “no todas las inspecciones han de acabar en sanción”.
La CNMC ha estado durante los últimos 15 días entrando en las empresas, sacando duplicados de la documentación en las oficinas y copiando archivos informáticos de los discos duros de las empresas. Ahora resta analizar todo lo requisado y copiado para comprobar si hay alguna prueba que les permita demostrar sus sospechas. Sin embargo, parece que estas agencias, las cuales deberían ignorar que iban a ser inspeccionadas, dispusieron de varios días antes de la llegada de los inspectores por un supuesto error, y acompañaron a estos durante el proceso. Algunas publicaciones afirman que las agencias de publicidad tuvieron tiempo de sobra para prepararse antes de la llegada de los inspectores.
El organismo regulador de la competencia ya advirtió de los problemas que observaba en las condiciones públicas para que las agencias entren en concurso, tales como la restricción a las compañias que no facturasen 600.000 euros anuales, lo que restringe el acceso a pequeñas y medianas empresas. Teniendo en cuenta que en España la mayor parte del tejido empresarial lo conforman las pymes, y que además, estas son las que aportan la mayoría de los tributos en nuestro país. Competencia también había pedido que no se limitara el número de adjudicatarios seleccionados a cinco, para evitar precisamente esta suerte de cárteles publicitarios y de pactos a cinco.
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