Desde hace más de una década, Pablo Iglesias, todavía un desconocido salvo en los ámbitos de la ultraizquierda, tuvo claro que era necesario rentabilizar la acción de la ‘izquierda abertzale’ a nivel estatal. Sin embargo, esa estrategia chocaba con un problema: la acción criminal de la banda terrorista ETA. El fin de las “acciones armadas” (es decir, atentados) en 2011, levantó un pesado lastre para los sectores de la izquierda extrema que venían manteniendo contactos con el mundo abertzale, ya que permitía, en su dialéctica, justificar el acercamiento al mismo.
Al propio Iglesias no le dolieron prendas a la hora de impartir conferencias en ‘herriko kabernas’ en las que elogiaba al diputado de Amaiur Sabino Cuadra, como alguien que había conseguido enlazar con la “rabia e indignación de los de abajo en todo el Estado”. Actos en los que aseguraba que llevaba la “bandera de España, republicana” porque es “la bandera de los españoles, de los que defendemos el derecho a la autodeterminación”.
Poco importaba al doctor Iglesias que esa bandera, por cierto, fuera la de las tropas que sofocaron la sublevación independentista catalana en octubre de 1934. O que fuera la que portaban los piquetes militares que, entre el 17 y el 19 de julio, leyeron bandos de guerra contra el Gobierno del Frente Popular.
Al fin y al cabo, Iglesias prefería agradar a quienes quería cortejar: “No nos dejéis solos con los españoles” o “cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos”.
De ahí los contactos del director de ‘La Tuerka’ con la red de apoyo a los presos de ETA, Herrira, cuya publicación por ‘El Mundo’ en 2014 cayeron como un tiro en Podemos. Por entonces, el partido se nutría como eje vertebrador de los trostkistas, de Anticapitalistas, cuya rama vasca no dudaba en secundar las marchas de apoyo a dichos presos, condenados -en el menor de los casos- por pertenencia a una organización terrorista.
Claro que Iglesias también acudió a algún acto de Herrira en el País Vasco.
Ahora, con la disolución de ETA en 2018, el acercamiento de Iglesias al mundo abertzale -cómplice y apoyo, durante años, de las acciones terroristas de la banda- prosigue para integrarlo en los apoyos al Gobierno de coalición-. “El negociador”, como le tildan algunos, ha puesto especial empeño en presentarlo como una cuestión de Estado: imbricarlos en el funcionamiento de las instituciones, con guiños a la política de presos y una desactivación de los núcleos de Podemos en el País Vasco, que podrían competir por los mismos caladeros que Bildu.
Algo llamativo si se tiene en cuenta que Bildu, según su programa, no cree en dichas instituciones. Aunque las cosas cambian si se valora otro factor: la posibilidad de “rascar” prebendas al Ejecutivo de coalición y, por parte de Iglesias, disponer de un apoyo a la continuidad del Gobierno, presentados ante Moncloa como pastoreados por él mismo, gracias a su gestión.
De ahí que el entorno morado haya pisado el acelerador a la hora de vender el argumentario de Bildu, como organización que condena la violencia (lo que no todos sus miembros y cargos hacen, como se ve en su presencia en las recepciones de presos etarras), y lance como ataque a los críticos el pasado “franquista” de la derecha española.
Lo que no deja de tener su miga, ya que podría decirse que los mismos que procuran pasar de puntillas sobre los muertos de ETA para justificar los pactos con sus herederos políticos, sí están constantemente mirando (y no por el retrovisor) a acontecimientos históricos producidos, como mínimo, hace casi medio siglo.
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