Desde la entidad consideran que el Ejecutivo debe buscar el bien de todos los actores implicados. Así lo ha dado a conocer el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, ante la reciente aprobación de la nueva subida del SMI hasta los 1.000 euros en el Consejo de Ministros de este martes. Se trata de la segunda subida del SMI en menos de un año. Puente considera que se trata de “una buena noticia para los trabajadores pero que debería tener también repercusión en las empresas que, en muchos casos, como en el de los contratos públicos, no van a poder hacerle frente”.
Segunda subida del SMI en menos de un año
Al igual que sucedió con la anterior subida, el problema principal reside en que este aumento del ingreso mínimo no va acompañado de un incremento proporcional de las cuantías de las contrataciones de las Administraciones Públicas, que continúan congeladas y sin acogerse a ninguna actualización desde, al menos, 2018 en muchos casos.
Como bien aclara el presidente, Puente, “Desde el Círculo de la Sanidad somos conscientes de que la subida responde a un avance necesario y positivo, así como a criterios que buscan equiparar el salario al aumento del IPC. Sin embargo, pedimos coherencia. Esta decisión, así como la subida general de precios, tienen también importantes consecuencias para las empresas y si la Administración continúa ignorándolas, acabarán abocadas a importantes crisis económicas que serán incluso, en muchos casos, de supervivencia”.
Por esta razón, desde el Círculo de la Sanidad consideran que el Gobierno “debe hacer un esfuerzo por contar con las empresas adjudicatarias de contratos públicos” y repercutir así esta subida en estos acuerdos para evitar que sea absorbida en su totalidad por las empresas que prestan servicio a las Administraciones Públicas. También añaden, la necesidad de tener en cuenta las actualizaciones del incremento del IPC, algo que según apunta Puente” “algo que hasta ahora no es viable según la Ley de Desindexación de la Economía”.
En este sentido, Puente ha puesto como principal ejemplo a empresas de logística proveedoras de servicios de salud, que aseguraba, “están soportando la exponencial subida de la factura de la luz e incrementos de hasta un 30% en el gasoil y otras materias primas, que no pueden trasladar en estos contratos, como tampoco pueden hacerlo con las subidas del IPC”.
En los últimos años se ha aumentado más de un 30% en SMI y en ningún caso esta subida ha repercutido en los contratos públicos, “dejando a las empresas en una situación económica insostenible que ahora tendrán que lidiar con una nueva subida a la que, lamentablemente, no podrán hacer frente en muchos casos”, concluía Puente.
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