Durante los meses de verano el área de asuntos públicos de LLYC en España y Portugal se reorganizó para fortalecer la calidad del servicio a los clientes y anticipar los desafíos de la disciplina para los próximos años. Con este fin, la reconocida consultora anunció el nombramiento de Carlos Ruiz Mateos como nuevo director senior del negocio de Asuntos Públicos para España y Portugal. Por este motivo, desde PRNoticias hemos querido conocer un poco más en profundidad la visión de Ruiz Mateos respecto al área de los Asuntos Públicos y, a su vez, respecto a la situación de incertidumbre política que atraviesa España
Ruiz Mateos cuenta con más de 15 años de experiencia en asuntos públicos, relaciones institucionales y comunicación, desarrollada en las oficinas de LLYC en España, Portugal y América Latina. En concreto, dentro de esta dilatada experiencia ha trabajado 6 años fuera de España, entre Portugal y Panamá, en las operaciones de LLYC en Ciudad de Panamá y Lisboa. Fue en 2018 cuando regresó a España y se puso al frente de un equipo de Asuntos Públicos en Madrid como director. En cuatro años ha desarrollado la especialización del área de alimentación de asuntos públicos, incorporando importantes empresas y asociaciones. Así, cabe resaltar que, en parte, gracias a su labor y el de todo el equipo directivo de LLYC, la consultora cuenta actualmente con casi medio centenar de profesionales en el área de Asuntos Públicos de España y Portugal.
Para ponernos en contexto, ¿qué son o cuál es la definición de los ‘public affairs’ o asuntos públicos?
Las empresas y los políticos no siempre se entienden pero casi siempre se necesitan. La disciplina de asuntos públicos trabaja para establecer puentes que fomenten ese diálogo. El regulador y el legislador necesitan entender cómo afecta la norma que están redactando a un sector en concreto de actividad. Y las empresas tienen un interés legítimo por explicar su posición. De ese diálogo siempre se beneficia el ciudadano y el interés general porque contribuimos a disponer de un marco jurídico eficiente y proporcional. Dentro de ese sector, la consultoría de asuntos públicos transmite su experiencia y conocimiento a las empresas y organizaciones que lo requieren.
Hay que tener en cuenta que el cuerpo de leyes con impacto en el sector empresarial es amplísimo, cada vez mayor. En los últimos 20 años, la Unión Europea ha aprobado una media de 18 normas jurídicas al día, 280 normas al mes, más de 3.000 al año, y muchas de ellas requieren una adaptación a los procesos internos de las empresas. En España, sólo los establecimientos comerciales tuvieron que adoptar 7,5 normas nuevas cada día durante el pasado año, hasta un total de 2.800.
Este tsunami legislativo debe trabajarse desde la anticipación y siempre con un enfoque pedagógico hacia el legislador. Nuestros políticos no tienen que saber de todo: es el deber y también el derecho de las empresas de hacer ver al Gobierno y al Congreso cómo pueden ayudarles a seguir creando empleo y fomentar su competitividad, siempre haciéndolo convivir con la agenda que la política marque en cada momento.
Hacia dónde va la relación de la empresa y la política
Las empresas tienen un rol público que asumir. Los desafíos que tenemos las sociedades actuales invitan a que las organizaciones traspasen la mera defensa de sus intereses legítimos y aporten también esa capacidad de influir para avanzar colectivamente. Esto significa usar sus recursos de incidencia ante los poderes públicos para ejercer un beneficio directo a la comunidad, para que se aprueben leyes que amplían derechos, para que se mejore la cobertura a colectivos vulnerables, para que se aumente la inversión educativa o cultural.
Las herramientas de las empresas (inversión, conocimiento, recursos, acceso) deben ponerse al servicio del interés general, ayudando en el diseño de las políticas públicas que nuestra sociedad demanda. Es ahí donde las empresas van a encontrar el mayor reconocimiento por parte de los consumidores y ciudadanos, al lado de sus demandas. Es la responsabilidad política corporativa que las organizaciones están comenzando a abrazar con grandes resultados por los proyectos que hemos puesto en marcha junto a muchas de ellas.
En este sentido y en base a su experiencia, ¿cuál es la visión de los asuntos públicos en LLYC en esta etapa?
Por suerte, la disciplina de asuntos públicos ha crecido mucho en los últimos años, lo que demuestra la utilidad de disponer de una estrategia específica para los públicos institucionales, porque se han revelado como críticos para el negocio y la reputación de las organizaciones.
En LLYC fuimos de los primeros en ofrecer un servicio de asuntos públicos de alta calidad en el mercado español, basados en una metodología propia y un servicio de excelencia para la influencia. Y actualmente seguimos inmersos en el proceso de evolución de nuestra oferta y servicios de lo que consideramos que serán los asuntos públicos del futuro, basados en 3 pilares: la especialización, la tecnología y la creatividad.
Además, el volumen de nuestra cartera de clientes nos ha permitido apostar por consultores especializados, que no solo saben metodologías de asuntos públicos, sino que tienen un alto conocimiento del negocio de las empresas; tenemos equipos de asuntos públicos especializados en alimentación, economía circular, seguridad y defensa, economía digital o salud, entre otros, a los que sumamos asesores seniors expertos de primer nivel. Aplicando la tecnología a los asuntos públicos, estamos desarrollando herramientas punteras no solo para la monitorización y el seguimiento de la actividad política sino para ayudar a anticipar la toma de decisiones, lo que va a ser clave en los próximos años.
Por último, la creatividad al servicio de los asuntos públicos; desarrollamos proyectos de incidencia que integran PR, marketing o publicidad, y que buscan impactar en la conversación política sumando disciplinas. El cada vez mayor rol público de las empresas está llevando a una mayor demanda de grandes campañas transversales y ahí LLYC tiene una buena posición al ser una consultora que ofrece todos estos servicios ya integrados.
Ahora mismo nos encontramos en un momento de incertidumbre política en España, ¿qué valoración general hace el equipo de LLYC España sobre los resultados del 23J tanto a nivel sociedad, como a nivel empresarial?
Como es sabido, los resultados electorales no nos han dejado un panorama claro de gobernabilidad y estamos a la espera de saber cómo se resuelve. Es evidente, en estas circunstancias, que algunos trabajos se ralentizan o se mantienen en pausa hasta tener un interlocutor al otro lado en el Gobierno. Y que las Cortes están centradas en la investidura. Pero no olvidemos que tenemos a todas las Comunidades Autónomas a pleno rendimiento legislativo, la mayoría al inicio del ciclo; y muchas decisiones de la Administración Central que continúan trabajándose con normalidad, así que mantenemos una intensa actividad con nuestros clientes, muchos de los cuales lo que están haciendo es prepararse para llegar con varios cuerpos de ventaja sobre el que prefiere esperar a que haya un Gobierno constituido.
Como consultora, ¿cómo está afectando en vuestro trabajo diario y qué retos presenta un país sin Gobierno?
En este sentido, diría que estamos en un período de incertidumbre política, pero no de inestabilidad política. Seguimos trabajando a muchos niveles con los distintos ministerios y con toda la administración autonómica y sus parlamentos.
Nuestro compromiso como LLYC también es trasladar a muchas organizaciones y empresas, especialmente las internacionales, que las instituciones españolas continúan trabajando con normalidad y que pueden preparar y ejecutar la mayor parte de sus planes en nuestro país.
En el caso de que finalmente se produjera un cambio de Gobierno, ¿qué cambio conllevaría esto a nivel empresarial?
Es apresurado adelantar qué agenda tendrá el Gobierno que finalmente se constituya. Podemos suponerlo conociendo los partidos o coaliciones que lo conformen, por su ideología, programas e histórico pero no me corresponde a mí comentarlo. Lo que sí es seguro es que de cara al programa de gobierno, y sobre todo para el plan de los primeros cien días, las empresas y las patronales necesitan aproximarse al nuevo Ejecutivo.
Por el contrario, si finalmente no se llega a un acuerdo, ¿consideras que España está preparada para unas nuevas elecciones?
Por supuesto que España está preparada para unas nuevas elecciones si fuera el caso. Vivimos en una democracia parlamentaria fuerte, debemos dejar trabajar a las instituciones para que provean un Gobierno próximamente.
Y, para acabar, aunque es difícil visualizar un año electoral como este desde la óptica de los Asuntos Públicos, ¿cómo se ve hoy el panorama político español?
El panorama político español está muy fragmentado. Eso, en contra de lo que muchos creen, está obligando a un mayor diálogo para llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas. Desde el punto de vista de los asuntos públicos, un Gobierno con varias sensibilidades y un Parlamento sin grandes mayorías y con muchos grupos parlamentarios, nos ofrece grandes oportunidades para el diálogo con las instituciones, pues hay más opciones de que las propuestas de las empresas encuentren acomodo.
No obstante, el clima político hoy es muy líquido, los ejes tradicionales de debate y posicionamiento no siguen las lógicas del pasado. Esto representa un desafío adicional para el tejido social y económico, pues tiene ante sí un escenario político muy complejo, en el que es difícil encontrar las teclas.
Por todo ello, ¡comenzamos un ciclo político apasionante para los que trabajamos en asuntos públicos y con grandísimas oportunidades para las empresas!