La tragedia de Adamuz ha sacudido la conciencia colectiva de España de una forma que va más allá del impacto inmediato de las cifras: 45 personas fallecidas en un accidente ferroviario que, con el paso de los días, deja de ser percibido como un hecho fortuito, para revelarse como el resultado de una cadena de negligencias estructurales. En este contexto, las palabras del presidente Pedro Sánchez, afirmando que su gobierno “asumirá todas las responsabilidades que se deriven de la tragedia”, no pueden quedarse en una declaración retórica destinada a amortiguar la indignación social. Asumir responsabilidades implica necesariamente consecuencias políticas concretas.
La primera de ellas debería ser la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, no como una concesión a la presión mediática, ni como un gesto táctico, sino como un acto de dignidad política personal. La dignidad, entendida como valor intrínseco del ejercicio del Poder Público, exige saber abandonar el cargo cuando la gestión queda moralmente comprometida. En este caso, la permanencia de Óscar Puente, no sólo resulta injustificable, sino profundamente ofensiva para las víctimas y para el conjunto de la ciudadanía.
La investigación preliminar apunta a un fallo en la seguridad de la infraestructura ferroviaria, concretamente en una soldadura defectuosa entre raíles de distintos años. Este dato es devastador, no por su complejidad técnica, sino por su simplicidad: con los medios de control y supervisión disponibles hoy en día, ese defecto no debería haber pasado desapercibido. Aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que un sistema que presume de protocolos avanzados de mantenimiento haya fallado de forma tan elemental?
La respuesta conduce directamente a Adif, organismo responsable del mantenimiento de las vías y dependiente del Ministerio de Transportes. La cadena de mando es clara, y también lo es la responsabilidad política. No se trata de buscar culpables técnicos para diluir responsabilidades, sino de asumir que cuando el sistema falla, falla también quien lo dirige. En democracia, el poder no sólo se ejerce; también se responde por él.
Lejos de contribuir a la serenidad y a la confianza pública, las intervenciones del ministro han agravado la sensación de caos e inseguridad. Sus comparecencias, sus publicaciones en X y su confuso baile de fechas respecto a las revisiones por ultrasonidos no han transmitido control ni rigor, sino improvisación y arrogancia. Cuestionar a la prensa mientras se ofrecen explicaciones cambiantes, no refuerza la credibilidad institucional; la erosiona. En momentos de crisis, la comunicación no es un accesorio: es una responsabilidad de primer orden.
La dimisión de Óscar Puente sería, probablemente, el único ejercicio de coherencia política desde su salida de la alcaldía de Valladolid. No repararía el daño causado, ni devolvería las vidas perdidas, pero sí marcaría una línea ética clara: cuando la gestión pública deriva en deshonra, el cargo debe abandonarse. Todo lo demás -resistir, minimizar, desviar la atención- resulta inaceptable y humillante, aunque quienes lo practican sean incapaces de percibirlo.
Ahora bien, más allá de la exigencia de responsabilidades individuales, la cuestión de fondo es aún más inquietante: ¿cómo puede la ciudadanía recuperar la confianza en un sistema desde el que se practica la desinformación y se normaliza la inseguridad? La respuesta no es sencilla, pero sí imprescindible. La confianza no se decreta; se construye con hechos. Requiere transparencia radical en las investigaciones, independencia real de los organismos de control, acceso público a los informes técnicos y una comunicación institucional honesta, incluso cuando la verdad es incómoda.
Además, es imprescindible romper con la cultura política de la impunidad. Mientras que dimitir se siga percibiendo como una derrota y no como un acto de responsabilidad, el sistema continuará degradándose. La ciudadanía no exige perfección, pero sí honestidad, rigor y respeto. Y sobre todo, exige no ser tratada como incapaz de comprender la gravedad de lo ocurrido.
La tragedia de Adamuz no puede convertirse en una más en la larga lista de escándalos amortiguados por el ruido informativo. Si de verdad se quieren asumir responsabilidades, el primer paso es claro y urgente: Óscar Puente debe dimitir. No por cálculo político, sino por dignidad. Sólo así podrá empezar, tímidamente, la reconstrucción de una confianza hoy rota y de un sistema de transporte que debería garantizar seguridad, no sembrar miedo.
José Antonio Rulfo.