La gestión de la Comunicación del caso José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, dimitido ante una presunta agresión sexual a una agente, va a poner a prueba a los responsables del Ministerio de Interior y de la Dirección General de Policía en los próximos días.
Se trata, por otra parte, de dos perfiles muy diferentes. En el caso de la Comunicación de Interior -o sea, del ministro Fernando Grande Marlaska-, la gestión depende de Nieves Goicoechea, periodista de la Cadena SER, que ascendió al puesto en 2023 -tras la salida de Daniel Campos, procedente de Servimedia- y que, durante el último tramo del zapaterismo, ostentó la Secretaría de Estado de Comunicación del Ejecutivo. Muy mal ostentada, por cierto.
Goicoechea cuenta, al menos por ahora, con un comodín: el apoyo dispensado desde Moncloa a su ministro, ‘blindado’ hasta ahora por Pedro Sánchez y su entorno ante todos los escándalos que le han ido desnudando ante sus colaboradores. En este caso, el ministro de Interior va a tener que responder sobre su desconocimiento de los hechos, acontecidos en abril de 2025 y denunciados hace un mes. Y, sobre todo, por el hecho de qué nombres de la cúpula policial, su jurisdicción, sí estaban al tanto de lo sucedido con González.
Mientras que Goicoechea responde a un perfil político, el otro paraguas de Comunicación de este caso es un inspector jefe del Cuerpo, Enrique Sacristán, responsable de la Oficina de Comunicación de la Dirección General de Policía (DGP), que se ha visto envuelto en una polémica que no pinta nada bien para sus superiores.
A diferencia de Goicoechea y su jefe Marlaska, la segunda línea de altos cargos de la Policía todavía no tiene clara la actitud que adoptarán el ministro y el Ejecutivo. Porque no se descarta que, para salvaguardar a Marlaska -uno de los pocos ministros del sanchismo que ha sobrevivido a todos los cambios de gabinete desde 2018-, puedan rodar cabezas del director general de Policía, Francisco Pardo, hacia abajo.
Curiosamente, tanto Pardo como el dimitido González ocupaban sus puestos, al igual que Marlaska, desde 2018, siendo considerados dos ‘inamovibles’ de la cúpula policial. Es más, aún se recuerda cómo el Gobierno ‘coló’ una modificación de la legislación para permitir que el DAO no tuviera que jubilarse necesariamente a los 65 años, todo ello con el eco de la DANA aún presente y con González incurriendo en dicha edad.
Es el principio de una nueva clase de Comunicación, en la que la ‘mentira’, las medias verdades, el relato y las diferencias, harán que desde el Gobierno se diga, como en el caso de Puente: ‘Han dado la cara’. De dimisiones, ni hablamos.
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