…Porque si algo se le da bien a la política española es convertir cualquier crisis en un estadio de fútbol de los de bufanda al viento.
En política hay carreras que terminan con una rueda de prensa solemne y otras que se van por el sumidero del juzgado de guardia. El caso de José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, amenaza con pertenecer a la segunda categoría. Sobre su mesa no hay ahora informes de inteligencia, sino una querella por una presunta violación presentada por quien fuera su expareja, también miembro del Cuerpo.
Los hechos denunciados se remontan al 23 de abril de 2025. Según la querella, la agente -que se encontraba de servicio- recibió la orden del DAO de acudir a su residencia oficial. Allí, siempre según el relato de la denunciante, González la habría forzado con violencia, hasta que ella consiguió zafarse y huir del domicilio. A partir de ese momento, sostiene la defensa, habría comenzado un episodio de acoso.
El abogado de la agente, Jorge Piedrafita, describe una secuencia que, de confirmarse, resultaría tan burda como inquietante: recriminaciones transmitidas a través del comisario San Juan -al que la querella sitúa como supuesto “brazo ejecutor”-, presiones para que la víctima no denunciara e incluso la tentadora oferta de elegir destino “donde quisiera”. Una versión que, conviene subrayarlo, deberá ser contrastada en sede judicial y frente a la que el exDAO tiene derecho a defenderse.
La querella se presentó el 9 de enero directamente en el juzgado, sin pasar por cauces policiales. No es un detalle menor. Piedrafita sostiene que el Ministerio del Interior no tuvo conocimiento de la denuncia por parte de la agente hasta después de la admisión a trámite. De hecho, según su versión, no fue hasta el martes cuando la víctima habló con la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso, quien -siempre según el abogado-“se quedó literalmente de piedra”. Hasta la fecha, ese habría sido el único contacto con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Y entonces llegó el ruido político. Porque si algo se le da bien a la política española es convertir cualquier crisis en un estadio de fútbol de los de bufanda al viento.
La bancada del Partido Popular no tardó en corear el clásico “¡dimisión, dimisión!”, con una sincronización que haría palidecer a la grada de un equipo en descenso pidiendo la cabeza de su entrenador. El guión es conocido: indignación máxima, volumen al once y mucho ruido hasta la próxima polémica.
Ahora bien, que haya habido una posible quiebra de supervisión, no equivale automáticamente a que el ministro estuviera al corriente de unos hechos que, según la información disponible, habrían permanecido fuera del radar oficial hasta la vía judicial. Otra cosa es el debate político sobre la decisión de Marlaska de prolongar en su día la continuidad del DAO cuando ya entraba en fecha de jubilación, blindándolo mediante un decreto que poco tenía que ver con ese objetivo y mucho con el comodín normativo de la Dana de Valencia.
Donde el debate se vuelve especialmente resbaladizo, es en la reacción de ciertos medios conservadores, que han salido en tromba a reivindicar el carácter “ejemplar” del Cuerpo Nacional de Policía. Y sí, la Policía Nacional realiza a diario un trabajo esencial en la defensa del Estado y en la lucha contra el crimen. Negarlo sería absurdo. Pero convertir cualquier investigación interna en una herejía antipatriótica tampoco ayuda a la credibilidad institucional.
Porque, por incómodo que resulte, la historia reciente demuestra que los problemas de corrupción policial son un estándar. Ocultar esa realidad, es querer hacer pasar gato por liebre. Ahí está el caso del excomisario José Manuel Villarejo, cuyo entramado de negocios, grabaciones y operaciones parapoliciales -incluida la llamada Operación Kitchen- abrió una grieta considerable en la imagen del Cuerpo. O las innumerables investigaciones sobre agentes implicados en redes de narcotráfico en varias provincias españolas, episodios que periódicamente recuerdan que la corrupción, como la humedad, encuentra rendijas incluso en estructuras muy jerarquizadas.
Presentar lo ocurrido -si se confirmaran los hechos denunciados- como un “caso aislado” automático y tranquilizador sería, cuando menos, una simplificación interesada y temeraria. Las instituciones sólidas no se construyen negando los problemas, sino detectándolos, investigándolos y depurando responsabilidades con transparencia. Lo contrario únicamente aumenta la sospecha y engorda un descrédito ganado a pulso.
Ahora, conviene insistir en lo esencial: estamos ante una denuncia grave que deberá probarse en los tribunales. La presunción de inocencia de González debe seguir intacta y el proceso judicial debe ser lo que determine la veracidad de los hechos. Pero también es necesario exigir que la investigación sea exhaustiva y que cualquier intento de presión -si existió- sea analizado con la misma severidad que se aplica a cualquier ciudadano.
Mientras tanto, la política seguirá a lo suyo, que es amplificar el ruido. Unos pedirán dimisiones con megáfono; otros levantarán escudos corporativos que protejan a la ciudadanía de la idea de que el PSOE es una organización de libidinosos, que andan por la vida con la bragueta abierta. Entre ambos extremos suele quedar lo importante -y decimos “suele”-: la verdad judicial, la protección efectiva de las víctimas y la credibilidad, cada día más en duda, de que para resultar ejemplares necesitarían mucho más que declaraciones solemnes de ministros que todo lo llevan al llanto.
Y eso, por desgracia, no se arregla coreando desde la grada como hooligans descerebrados.
José Antonio Rulfo.