El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha destinado 429 millones de euros a la formación de cerca de 8.000 enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) que, en su mayoría, no pueden desarrollar sus competencias por la falta de plazas estructurales y reconocimiento profesional. Así lo recoge el informe La Enfermera Familiar y Comunitaria: pieza clave para la sostenibilidad y liderazgo de la Atención Primaria en España, presentado este lunes, que denuncia un importante desperdicio de recursos públicos y talento.
La presidenta de la federación impulsora del estudio, Esther Nieto, advierte de que esta situación genera una “ineficiencia estructural” que limita la capacidad de transformación de la Atención Primaria en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la creciente complejidad asistencial. Muchas de las demandas sanitarias, como la prevención, la educación para la salud o el seguimiento de pacientes crónicos, podrían ser asumidas por estas profesionales, reduciendo así la presión sobre el sistema.
El informe también alerta de la baja ratio de enfermeras en Atención Primaria en España, situada en 0,7 por cada 1.000 habitantes, lejos del estándar recomendado de entre 1 y 1,2. Según los datos disponibles, serían necesarias unas 100.000 enfermeras adicionales, y al ritmo actual se tardarían entre 22 y 29 años en alcanzar la media europea.
Desigualdad territorial en la implantación
La implantación de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria es, además, desigual entre comunidades autónomas. Aunque en muchas regiones se ha creado formalmente la categoría profesional, esto no siempre se ha traducido en puestos específicos, mejoras retributivas o procesos de selección adaptados. Solo cuatro comunidades han avanzado de forma significativa en la profesionalización de estas enfermeras, lo que genera inequidades en el sistema.
Desde la federación denuncian que este mapa territorial fragmentado dificulta el aprovechamiento real del potencial de unas profesionales formadas para ofrecer cuidados integrales a personas, familias y comunidades. Sus competencias abarcan desde la promoción de la salud hasta la atención domiciliaria, la vigilancia comunitaria o la coordinación asistencial, funciones consideradas clave para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.
El documento también pone el foco en el desarrollo desigual de la prescripción enfermera, un aspecto que limita la capacidad resolutiva de la Atención Primaria y contribuye a sobrecargar otros niveles asistenciales. En este sentido, se reclama una apuesta decidida por reforzar el papel de estas profesionales dentro del sistema.
Como hoja de ruta, el informe propone medidas como la actualización del marco normativo estatal, la conversión progresiva de plazas genéricas en plazas de especialista, la creación de bolsas de empleo específicas y el incremento de la oferta formativa hasta alcanzar las 4.000 plazas EIR anuales en 2030. “El reto ya no es solo reconocer la especialidad sobre el papel, sino integrarla de forma real y homogénea en todo el SNS”, concluye Nieto.
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