La Generalitat Valenciana y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Justicia han alcanzado un acuerdo para mejorar la retribución de los funcionarios de la Administración de Justicia, en lo que supone la mayor subida del complemento específico desde 2014.
El president, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor el entendimiento entre las partes y ha destacado que el pacto beneficiará a cerca de 5.800 profesionales —entre ellos médicos forenses, gestores, tramitadores y personal de auxilio judicial—. “Se trata de un acuerdo realista, ajustado a la viabilidad presupuestaria, que permite seguir avanzando tras años de abandono”, ha señalado.
La medida contempla una inversión adicional de 10 millones de euros, que se traducirá en incrementos salariales mensuales de entre 117 y 213 euros. Este esfuerzo se suma al realizado en 2025, elevando a 15 millones el aumento total en dos años.
Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el sistema judicial valenciano. En este sentido, el presupuesto de personal en Justicia alcanzará los 335 millones de euros en 2026, tras incrementarse en cerca de 18 millones.
Más allá de la mejora retributiva, el Consell destaca otras actuaciones como la estabilización de plantillas —con la consolidación de 200 puestos de refuerzo— o la agilización en la cobertura de vacantes, cuyo plazo se ha reducido de 25 a 8 días.
Sin embargo, Pérez Llorca ha aprovechado para reclamar mayor implicación al Gobierno central. En concreto, ha instado al Ministerio de Justicia a reconsiderar su negativa a prorrogar los refuerzos solicitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recordando que 18 de las 30 plazas propuestas han sido rechazadas pese a contar con informes favorables del Consejo General del Poder Judicial.
El president ha insistido en que “mejorar la Justicia también implica dotarla de recursos suficientes” y ha defendido el esfuerzo inversor de la Generalitat, que en los últimos años ha impulsado nuevas infraestructuras judiciales y continúa avanzando en proyectos clave como la Ciudad de la Justicia de Alicante o la rehabilitación del TSJCV.
Con este acuerdo, la Generalitat busca consolidar una mejora progresiva en las condiciones laborales del personal judicial y reforzar la eficiencia de un sistema que sigue enfrentando importantes retos estructurales.
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