Lo que en 2008 se inauguró como un trazado de carreras de proyección internacional y millonaria inversión pública se ha transformado con el paso de los años en el mayor asentamiento de infraviviendas de la Comunitat Valenciana. Ocupando las 24 hectáreas abandonadas del antiguo circuito urbano de Fórmula 1, en la zona del Grao, conviven actualmente alrededor de 800 personas repartidas en unas 400 chabolas.
La comunidad residente abarca perfiles muy diversos: desde personas en situación de extrema vulnerabilidad, familias con menores, ancianos y personas enfermas, hasta apátridas, migrantes de origen saharaui y trabajadores en activo cuyos salarios no les permiten afrontar los precios del mercado libre de alquiler en la ciudad. La población de este encalve se ha incrementado significativamente en los últimos años —pasando de unas decenas de ocupantes en 2022 a cerca de un millar en la actualidad— impulsada por la crisis de acceso a la vivienda y el desplazamiento forzoso de personas expulsadas de otros puntos de la capital.
Falta de suministros y condiciones extremas
Las condiciones cotidianas dentro del recinto destacan por la ausencia de luz, saneamiento y servicios de recogida de residuos. Entidades sociales de la zona denuncian que el Ayuntamiento retiró en 2024 el punto de agua potable que abastecía al asentamiento, obligando a sus habitantes a trasladar garrafas desde fuentes distantes y provocando cuadros de deshidratación y golpes de calor durante los meses estivales. Paralelamente, se ha criticado la parálisis en la realización del censo social bienal de personas sin techo por parte de las instituciones municipales.
La reactivación del Plan de Actuación Integrada (PAI) del Grao, proyectado sobre estos terrenos para levantar más de 3.000 viviendas, ha acelerado las presiones para liberar el suelo. Ante los rumores de una actuación inminente, la Plataforma de Solidaridad con los Residentes del F1 (integrada por más de 40 colectivos y organizaciones) y formaciones de la oposición han articulado acciones de protesta.
Desde el punto de vista legal, los colectivos recuerdan que, aunque se trate de una ocupación informal de terrenos públicos, ejecutar un desalojo sin control judicial ni alternativa habitacional previa contravendría la legislación valenciana vigente en materia de vivienda y servicios sociales. Por ello, reclaman la creación de una mesa de diálogo tripartita entre administraciones, promotores e intermediarios sociales, así como la garantía de suministros básicos de emergencia y un plan de choque caso por caso.
Por su parte, el Ayuntamiento de València ha desmentido la existencia de una orden municipal de desalojo sobre el recinto. El consistorio sostiene que los Servicios Sociales municipales realizan un seguimiento continuo de las personas vulnerables en la zona, destacando el incremento del convenio de atención a asentamientos con la Asociación Alanna, al tiempo que recuerda que las competencias operativas en materia de desalojos y orden público corresponden a la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno.