María Corina Machado ha abierto dos frentes con Donald Trump en apenas una semana. Primero, cuestionó en su entrevista con The New York Times a Alejandro Betancourt, participante en un acuerdo petrolero respaldado por Washington. Después, su movimiento convocó manifestaciones para reclamar un calendario electoral que la Administración estadounidense todavía no ha concretado. Dos movimientos distintos que, en términos políticos, desafían una misma estrategia.
Corina discute los socios y discute los tiempos. Es una apuesta de alto riesgo para quien sigue necesitando el respaldo de la Casa Blanca.
El primer enfrentamiento tiene nombre y apellido. Al afirmar que Betancourt no sería un socio comercial viable bajo su presidencia, Machado introduce incertidumbre sobre la continuidad de una relación económica que Washington ha decidido respaldar. Sus acusaciones contra el empresario son declaraciones suyas, no conclusiones judiciales. Pero su mensaje político alcanza también a quienes han apostado por ese acuerdo.
Ahí reside la contradicción: pretende recuperar influencia sobre Trump mientras cuestiona una de sus decisiones. Y parece confiar en que el coste de ignorarla será mayor que el de revisar los compromisos adquiridos. Es un cálculo que todavía debe demostrar.
El segundo frente es el calendario electoral. La movilización del 22 de octubre llevó a miles de personas a las calles de distintas ciudades para exigir elecciones. Hubo convocatoria y hubo respuesta. Lo que no puede deducirse automáticamente es que esa movilización otorgue a Machado capacidad para imponer sus plazos a Washington.
Una cosa es movilizar a los propios. Otra, obligar a Trump a cambiar de rumbo.
Ese es el punto débil de la doble ofensiva. Si cuestiona a los socios económicos y presiona sobre los tiempos políticos, necesita convertir ambas acciones en resultados. De lo contrario, corre el riesgo de exhibir públicamente la distancia entre su capacidad de protesta y su poder de decisión.
Machado ha denunciado que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones. Esa circunstancia permite entender su ofensiva, pero también muestra la dificultad de su posición: Washington está dispuesto a impulsar conversaciones sin su participación directa. Elevar el tono puede hacer más visible esa exclusión; no garantiza que vaya a corregirla.
El petróleo añade presión a su apuesta. Si los acuerdos respaldados por Estados Unidos aumentan la producción, atraen inversiones y generan mejoras perceptibles, la Casa Blanca tendrá más incentivos para defenderlos. En ese escenario, Machado necesitará explicar qué alternativa ofrece y por qué sería mejor. El rechazo, por contundente que sea, no constituye por sí mismo un programa.
Reclamar elecciones es legítimo y necesario para una transición democrática. Pero su legitimidad no elimina la exigencia de calcular las fuerzas. Tener razones para exigir no equivale a disponer del poder para imponer. Confundir ambas cosas puede conducir a una sucesión de ultimátums que nadie atiende.
Su doble desafío podría reforzarla si logra concesiones. También podría debilitarla si los acuerdos continúan, el calendario permanece abierto y Washington concluye que puede asumir el coste de su oposición. Ese es el riesgo: que una ofensiva concebida para demostrar que resulta imprescindible termine poniendo a prueba cuánto pueden prescindir de ella.
No hay una ruptura definitiva acreditada con Trump. Hay una discrepancia que Machado está haciendo más pública y más difícil de disimular. Convertirla en enfrentamiento permanente sería una decisión de consecuencias mucho mayores.
Dos desafíos en una semana. Una misma apuesta: obligar a Trump a contar con ella.
El peligro para Corina es que Trump responda siguiendo adelante.