Según un informe divulgado por el diario “La Prensa” de Nicaragua el gobierno de ese país “intenta instaurar un apagón informativo”. Esto sucede a solo cuatro meses de las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, busca su tercera reelección.
El informe señala: “en Nicaragua las amenazas, agresiones e intentos de silenciar al periodismo independiente, no son recientes, datan desde la llegada al poder del Gobierno de Daniel Ortega en 2007“.
La investigación del diario La Prensa mostró: “en el bimestre mayo-junio de 2021 aumentaron los niveles de violencia y hostilidad estatal” . Además las violaciones a la libertad de prensa. También la Ley Especial de Ciberdelitos, en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, se convierte en la principal amenaza jurídica con la que el gobierno busca intimidar. Ello principalmente a los directores de medios, directores de programas y reporteros y periodistas de toda Nicaragua”.
En el informe, La Prensa señaló 44 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua en junio. Dejando un saldo de 41 víctimas, incluyendo a tres periodistas a quienes se les vulneró su derecho.
La investigación también indicó: “como una medida coercitiva contra la prensa independiente“. El hecho de que la Fiscalía cite como testigos a decenas de periodistas por una investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
LEY ESPECIAL DE CIBERDELITOS
La Ley especial de Ciberdelitos, también conocida como Ley Bozal “no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (“fakenews”) e información tergiversada. Con ello estamos claro que será el sistema judicial, el que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra”. Esto según los gremios independientes.
La “Ley Bozal” establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
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