Te vas, me dejas y me abandonas. Te vas, me dejas, qué mala persona… Qué Malas Lenguas, qué manipulación, qué mal contado y, sobre todo, qué extraordinariamente bien manipulado. Al final resultará que los culpables son los caballas por no ponerse con el culo en pompa, dar las gracias y aceptar que una situación extraordinaria vaya convirtiéndose poco a poco en parte del mobiliario urbano de su ciudad, de nuestra ciudad, de nuestra amada Ceuta…
Ceuta lleva mes y medio intentando descubrir cuándo termina una emergencia y cuándo empieza una nueva normalidad. El 30 y el 31 de julio decenas de miles de personas intentaron o consiguieron alcanzar la ciudad desde Marruecos en una entrada masiva que desbordó su capacidad ordinaria. La magnitud fue suficiente para suspender las fiestas patronales de la ciudad. Y posteriormente hemos sabido algo todavía más incómodo: el CNI había detectado y comunicado el 29 de julio llamamientos multitudinarios en redes sociales para intentar una entrada masiva, aunque aquellas advertencias no anticipasen las dimensiones que finalmente alcanzó el episodio. Reuters ha informado, a partir de documentación desclasificada, de que las señales venían aumentando desde días antes.
Mes y medio después, aquello que parecía excepcional necesita ya campamentos, seguridad privada, refuerzos administrativos, atención sanitaria extraordinaria, procedimientos acelerados y centenares de millones de euros. El Gobierno ha habilitado unas 4.500 plazas para adultos y atiende además a alrededor de 2.000 menores. Según los últimos datos conocidos, más de 5.300 personas han regresado voluntariamente a Marruecos, se han iniciado al menos 1.800 expedientes de devolución y la Policía tramita entre 70 y 80 diarios. Pero ninguno de esos 1.800 expedientes habría culminado todavía, porque la devolución está sometida, como corresponde en un estado de derecho, a procedimientos, garantías y posibilidades de alegación. El ejecutivo ha habilitado además 20 líneas de triaje para acelerar la identificación y clasificación de quienes permanecen en Ceuta.
Y aquí aparece el prodigio administrativo español: cuando no sabemos resolver rápidamente un problema, construimos una infraestructura para convivir con él. El Ministerio de Transportes tomó el control temporal de una parte del puerto después del rechazo de la Autoridad Portuaria y autorizó a Migraciones a utilizar 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente. No dieciséis kilómetros cuadrados, como podría sugerir la enormidad política del asunto: dieciséis mil metros cuadrados, que ya son bastantes. Allí se han preparado alrededor de medio centenar de carpas con dormitorios, comedores, baños y atención médica para centenares de personas y con capacidad prevista en torno al millar.
Y tampoco se trata de colocar cuatro tiendas de campaña en un descampado hasta que amaine el temporal. La propia ubicación ha provocado una batalla institucional. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazó la instalación y el Ministerio de Transportes terminó recurriendo al artículo 73.3 de la legislación portuaria para autorizar temporalmente el uso de ese suelo. Los informes técnicos desfavorables esgrimidos por la Ciudad añadieron argumentos relacionados con la operatividad y la seguridad. CCOO ha reclamado esta misma semana un refuerzo urgente de la Policía Portuaria y más medios ante el incremento del nivel de protección exigido por el nuevo asentamiento.
Hay incluso una derivada económica que demuestra hasta qué punto cada decisión adoptada en una emergencia genera otra emergencia detrás. Sobre parte de esos terrenos estaba prevista una actuación de urbanización financiada con fondos europeos por más de 3,35 millones de euros, cuya ejecución podía verse comprometida por la ocupación temporal de la parcela, según un informe del director de la Autoridad Portuaria citado por la prensa local.
Mientras tanto, la ciudad cambia. No hace falta inventarlo ni adornarlo. Empresas de seguridad privada están contratando, comercios y establecimientos han reforzado vigilancia y determinados sectores económicos denuncian pérdidas y cierres temporales. El impacto alcanza también al deporte: se han suspendido competiciones y algunas instalaciones han tenido que alterar su funcionamiento. Todo ello demuestra que la cuestión no consiste únicamente en determinar cuántas personas permanecen hoy en Ceuta. Consiste en saber cuánto puede modificarse la vida de una ciudad de apenas veinte kilómetros cuadrados antes de que Madrid comprenda que no está administrando simplemente plazas de acogida, sino la normalidad cotidiana de los españoles que viven allí.
Y para que nadie pueda refugiarse en la caricatura, conviene decir también lo que algunos preferirían que no dijéramos: quienes llegaron tienen derechos. Entre ellos hay personas que buscan asilo, trabajo, seguridad o sencillamente una vida mejor. En Sidi Embarek, por ejemplo, unos 300 mujeres y niños han permanecido acogidos en condiciones precarias gracias en buena medida a la solidaridad vecinal, hasta que el Gobierno ha asumido actuaciones para mejorar las instalaciones. Reconocer su humanidad no obliga a negar la dimensión del problema. Un Estado puede proteger los derechos de quien llega y simultáneamente proteger el derecho de quien ya estaba a conservar una ciudad segura, habitable y reconocible. Presentar ambas obligaciones como incompatibles es una de las trampas intelectuales más cómodas de este debate.
Ahora llegan los millones. 423 millones de euros, según las cifras comunicadas por el Gobierno para afrontar las consecuencias de la crisis. Llegan los centros, los policías, la atención sanitaria, los triajes, los expedientes, los retornos y las carpas. Hasta se han contratado puntos gratuitos de wifi para mejorar la conectividad en instalaciones de acogida después de que la saturación de las redes móviles obligara a reforzar infraestructuras. Todo puede tener una justificación administrativa individualmente considerada. La pregunta política aparece cuando uno contempla el conjunto: ¿cuál es el plan para devolver Ceuta a la normalidad y en qué fecha piensa el Gobierno considerar terminada la emergencia?
Porque temporal es una de las palabras más peligrosas de la Administración española. Temporal fue la primera solución. Temporal es el campamento. Temporal es la ocupación del puerto. Temporal es el dispositivo extraordinario. Y entretanto pasan agosto, septiembre, octubre y noviembre, llega diciembre y quienes soportan esa temporalidad todos los días son los ceutíes. Una medida humanitaria puede ser necesaria y seguir siendo temporal; precisamente por eso necesita calendario, objetivos, cifras públicas y una estrategia de salida.
No sabemos cuántos ceutíes acabarán marchándose a la Península ni sería serio afirmar que habrá un éxodo sin datos que lo demuestren. Pero sí podemos preguntar cuántos tienen que empezar a planteárselo para que alguien considere que existe un problema. ¿Cuántos comercios deben reforzar su seguridad? ¿Cuántos acontecimientos deben suspenderse? ¿Cuántos espacios públicos deben transformarse? ¿Cuánto dinero extraordinario debe movilizarse? ¿Cuántos meses puede durar lo provisional antes de convertirse, por agotamiento, en permanente?
Por eso BYE BYE CEUTA no debería ser la despedida de España a quienes llegaron desde Marruecos. Sería algo mucho más grave: la despedida de aquellos ceutíes que un día pudieran concluir que para recuperar la normalidad necesitan abandonar la ciudad en la que nacieron. Y entonces podremos discutir durante semanas cómo llamamos a quienes entraron: migrantes, inmigrantes, emigrantes, magrebíes, solicitantes de asilo o cualquier palabra que tranquilice nuestras conciencias. Pero habrá una palabra muchísimo más difícil de explicar.
Los que se fueron.
Y esos son españoles.
pedro de aparicio y pérez de Lucentis…