11/01/2011 PANAMÁ 940 SUSCRIPTORES El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Panamá considera que el anteproyecto de ley presentado un diputado oficialista, que pretende penalizar con hasta cuatro años de cárcel las críticas infundadas a funcionarios, no es más que otra ley ‘mordaza’, lo que la rechaza ‘contundentemente’.
El texto, que comenzará a debatirse hoy en la Asamblea Nacional de Panamá, fue considerado la presidenta del Colegio, Grisel Bethancourt, como un nuevo intento de establecer una ley mordaza como en la dictadura militar’. El anteproyecto ha generado un gran rechazo ya que junto a este se presentaron, al menos, otros cuatro para oponerse o apoyarlo.
Además, de diputados intervendrán hoy en la Cámara periodistas, dirigentes gremiales del sector de la prensa y propietarios de medios contrarios a la norma. Previamente al debate, el presidente de la Asamblea, José Muñoz, se reunirá con miembros del CNP y del Sindicato de Periodistas.
Bethancourt consideró ‘grave’ la situación, ya que las penas ofender al presidente u otros funcionarios, que irán de dos a cuatro años de cárcel, serían equiparables a las penas hurto agravado. Por su parte, el diputado Agustín Shellhorn, promotor de la ley, argumentó que hay ‘excesos’ a los que ‘hay que ponerle fin’. El presidente panameño, Ricardo Martinelli, también se mostró de acuerdo con la iniciativa que no cree ‘que viole las libertades individuales’.
El texto establece que ‘quien infundadamente ofenda, ultraje o vilipendie públicamente al presidente de la República o a cualquier servidor público que sirva en cargos de elección popular, será sancionado con dos a cuatro años de prisión’.
Reteros sin Fronteras recuerda que una disposición como ésta viola la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (CIDH), que en su apartado número 11 establece que ‘los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio parte de la sociedad’ y que ‘las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información’. Panamá perdió en 2010 26 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa establecida Reteros sin Fronteras y ocupa el puesto 81 de 178.
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