A pesar de existir un acuerdo que adoptó el Consejo de Gobierno en el mes de julio del año 2012, con el que se pretendía cumplir un plan económico y financiero en Andalucía, más de una decena de cargos públicos superan en sueldo a Susana Díaz. Este plan, que ha quedado en papel mojado, se aprobó bajo el gobierno de José Antonio Griñán, y estableció un sueldo máximo a los directivos de las empresas públicas, de tal manera, que ninguno superase las retribuciones que posee el máximo mandatario de la comunidad autónoma, cargo que en este momento ostenta Susana Díaz. Sin embargo, tal y como apunta en uno de sus artículos el diario El Mundo, esta premisa no se cumple con 16 directivos de Canal Sur, que superan con creces el sueldo anual de la presidenta de la Junta de Andalucía.
Si las normas de este acuerdo se cumplieran de forma tajante, ningún cargo público podría cobrar un sueldo superior a los 63.808,20 euros que cobra la presidenta de la comunidad andaluza. Sin embargo, en Canal Sur existen dos áreas diferentes de directivos que superan estas retribuciones. Existiría un primer bloque, que abarcaría a los principales mandatarios de la cadena autonómica, y que encabezaría el subdirector general de RTVA, Joaquín Durán, seguido de nueve directivos más, que superarían en 15.000 anuales a Susana Díaz, con unos honorarios de 78.522,77 euros por año. Además, habría un segundo bloque en el que se encontrarían, entre otros, la directora-gerente de la cadena, Carmen Estero o la directora de Canal Sur Radio Inés Alba, y que cobrarían sueldos anuales cifrados en 73.4520,36 euros.
Con números como estos se incumple un acuerdo con el que sus sueldos están cifrados en un máximo de 59.564,02 euros anuales, en los que se incluirían dos pagas extraordinarias para todos aquellos directivos públicos que gestionaran presupuestos superiores a los 100 millones o que superen los 500 trabajadores. Sin embargo, desde el Gobierno de Andalucía se ha decidido mantener los sueldos anteriores al acuerdo firmado en julio de 2012 argumentando que un recorte en las retribuciones supondría la reducción en la contratación de profesionales de reconocida valía. De esta manera, el Gobierno andaluz de Susana Díaz ha convertido en papel mojado un acuerdo que propuso y aprobó su antecesor José Antonio Griñán y que él tampoco fue capaz de llevar a cabo.
