La Fiscalía de Madrid ha solicitado la pena de tres años de cárcel e inhabilitación profesional durante este mismo periodo para Antonio Rubio, subdirector de El Mundo, un supuesto delito de ‘revelación y descubriento de secreto’. La petición se basa en un artículo publicado el periodista en relación a las investigaciones sobre el 11M. La medida reabre el debate sobre las complejidades del periodismo judicial.
Como informa El Mundo en su tada de esta mañana, esta petición fiscal está basada en las informaciones publicadas este diario el 31 de mayo de 2005 donde se descubría que ‘las notas de Cartagena prueban que la Policía controlaba a los jefes del 11M’. La petición fiscal, según dice el diario, ha sido supervisada y aprobada directamente el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban.
El Mundo explica que con anterioridad a los atentados del 11M, Cartagena informó a sus controladores de que ‘un grupo islamista pretendía hacer la yihad en Marruecos y España‘. Entre ese grupo estaba Serhane ben Abdelmajid Fakhet, El Tunecino, que se inmoló en la casa de Leganés el 3 de abril de 2004, y su cuñado Mustapha Maouni, que fue detenido en Marruecos acusado de pertenecer a la célula que atentó en Casablanca el 16 de mayo de 2003. Abdelkader El Farssaoui presentó una querella contra El Mundo y su subdirector, Antonio Rubio, el 26 de marzo de 2007.
Como era de esperar la medida no sentó nada bien en El Mundo en cuyo editorial se habla de ataque a la libertad de prensa. Para Pedrojota, este requeriento no es más que una represalia contra el periodista sus informaciones comprometedoras sobre las investigaciones judiciales y policiales del 11M.
‘La actuación profesional de Antonio Rubio fue pecable que, antes de publicar lo que el confidente marroquí le había contado, logró acceder a unas fichas de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) que contenían toda la información que Cartagena había procionado a la Policía Nacional. El propio instructor del 11M, el juez Del Olmo, desconocía la existencia de esas fichas, que reclamó para que pudieran ser incoradas al sumario en diciembre de 2005, lo que pone en evidencia la relevancia de la información de Rubio’, dice El Mundo.
Y concluyen indicando que ‘la paradoja más llamativa de este asunto es que la información de Cartagena estuvo a disposición del juez Garzón, que ni siquiera se molestó en transcribir las cintas grabadas la Policía a la trama islamista. Nadie le ha pedido cuentas todavía su pasividad. En cambio, el periodista que sacó a la luz las negligencias judiciales y policiales tiene ahora que sentarse en el banquillo haber cumplido su obligación de informar. Un doble rasero que deja en evidencia el sectarismo de la Fiscalía que no parece inspirado el deseo de hacer justicia’.
Al margen del lío judicial que este requeriento significa, la situación pone nuevamente en el punto de debate la relación del periodismo con la Justicia. España y sus dos principales diarios se caracterizan tener accesos privilegiados a fuentes judiciales ya sea de manera directa o indirecta y no dudan en poner esta información al servicio de sus intereses y luchas personales, ya sean políticas o periodísticas.
Es aquí donde nos planteamos hasta que punto una información periodística puede entorpecer o favorecer una investigación policial o judicial y cuál es la responsabilidad del periodista y su medio en el caso de que se produzcan perjuicios. Un debate que no está para nada resuelto, pero que creemos no se resuelve encarcelando periodistas ni menos pidiendo su inhabilitación.
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