01/09/2010 PRLATAM 102.839 SUSCRIPTORES El ejecutivo argentino cumplió con su decisión de recurrir a la Justicia del país para que investigue la venta de Papel Prensa a través del decreto 1210/20210 publicado ayer en el Boletín Oficial.
El decreto instruye a la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Joaquín Da Rocha, y a la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada Eduardo Luis Duhalde, para que se presenten como querellantes en las causas la venta de la empresa concretada en noviembre de 1973. Entre los acusados estarán militares y civiles.
El decreto dictado Cristina Kirchner se basa en el informe ‘Papel Prensa SA, La verdad’, elaborado el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y presentado la semana pasada el Gobierno argentino. En el caso de la Secretaría, se la instruye a que ‘ponga a disposición del Poder Judicial’ el informe y para que intervenga como querellante ‘en las causas en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma Papel Prensa (la familia Graiver) y de otras personas con las que aquéllos tenían alguna vinculación.
A la Procuración, en tanto, se la instruye para que intervenga en las causas relacionadas con Papel Prensa ‘relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y a los adquirentes en Bolsa así como en todas aquellas que pudieran surgir de las investigaciones que se realicen, efectuando las denuncias, reclamos y querellas que correspondan’.
Según publica La Nación, Da Rocha, jefe de los abogados del Estado, denunciará supuestos crímenes de lesa humanidad derivados de la supuesta venta ilegal del paquete accionarial de Papel Prensa a los diarios Clarín y La Nación durante la dictadura militar (19761983). ‘Los responsables tienen nombre y apellido’, afirmó ayer el funcionario y adelantó que acusará a ex militares y a civiles.
El decreto firmado la presidenta sostiene que ‘El informe Papel Prensa: La verdad consideró demostrado que la compraventa de acciones se ha tratado en realidad de un acto ilícito con la presunta forma de un contrato, obtenido a través del uso irresistible de la violencia ejercida el aparato del Estado en su forma de terrorismo de Estado’. ‘Respecto de las transferencias de acciones llevadas adelante en su otunidad –agrega el texto, se ha probado palmariamente que no se trató de un negocio jurídico, pues el mismo requiere la expresión libre de la voluntad, la existencia de cosa cierta y determinada y no debe efectuarse a precio vil. Todo ello, teniendo en mira un mismo propósito: asegurar para la Junta Militar entonces gobernante la punidad informativa y, para los tres mencionados diarios, la propiedad de las acciones de Papel Prensa’.
Y es que el kichnerismo asegura que cuando Lidia Papaleo (viuda de Graiver, propietario de la empresa) vendió las acciones de la empresa a Clarín, La Nación y La Razón tras la muerte de su esposo en 1976, bajo la últa dictadura militar, lo hizo ‘bajo amenazas’ y no ‘era libre’ en su decisión.
Mientras que el oficialismo asegura que el proyecto pretende declarar de interés público el papel de los diarios, la oposición y los principales rotativos afectados, Clarín y La Nación, ven en este moviento un nuevo ataque gubernamental a los medios contrarios al ejecutivo kirchnerista.
El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.
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