- Las autonómicas recaudaron hasta septiembre unos 199 millones de euros en concepto de publicidad, un monto que seduce a las televisiones privadas, en especial a las locales. UTECA prepara una nueva ofensiva para intentar aplicar la ley TVE en la FORTA.
Las privadas respiraron tranquilas durante los tres preros tercios del año. La recaudación publicitaria que liberó TVE les dejó en una excelente posición logrando históricas recaudaciones publicitarias y beneficios pocas veces vistos. En total, las cuatro grandes –Antena 3, Cuatro, La Sexta y Telecinco lograron una recaudación en conjunto de 1.472 millones de euros, un 25% más que hace un año.
Hasta aquí todo bien. El problema es que la multiplicación ilitada de nuevas cadenas de televisión fuera del alero de las cuatro grandes puede poner en peligro el creciento de esta cifra, condición fundamental para que estas teles puedan seguir subsistiendo. En estos momentos existen no menos de unas cincuenta televisiones a largo y ancho de España que lógicamente querrán su trozo de la tarta publicitaria, una tarta que no es ilitada y que tiene fecha de caducidad.
¿De dónde sacamos nuevos recurso? Se preguntan los grandes. Y la respuesta es fácil. El dinero que recauda FORTA. Hasta septiembre las televisiones autonómicas recaudaron unos 199 millones de euros, una cifra que perfectamente puede repartirse entre las autonómicas y locales privadas, sin que tengan que interferir entre los recursos recaudados las grandes generalistas.
En la nueva ley audiovisual se prohíben las desconexiones locales de las grandes televisiones, otro punto que juega a favor de las pequeñas, previamente especializadas en el tipo de publicitadas de nicho que actualmente emiten las autonómicas. El principal problema con esta estrategia es que no basta con convencer a la administración central de lo idóneo del proyecto, como ha pasado con TVE.
En este caso deben convencer a una serie de caciques locales y generar un debate con FORTA que lógicamente en crisis no pueden permitirse liberar ingresos. Por otro lado, los gobiernos locales no pueden asumir la pérdida de estos ingresos, debido al severo plan de ajuste de la administración para reducir la deuda pública.
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