elconfidencial.com. Jesús García. Blas Calzada, penúlto presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, al menos, lo manifestó recientemente. Doctores tiene la Iglesia.
La Directiva Europea de Abuso de Mercado resulta esencial para el desarrollo de las bolsas que, entre otras cosas, trata de hincar el diente al peliagudo asunto del uso de información privilegiada y la manipulación.
Un campo abonado en los mercados europeos, que deja con las enaguas en la mano a los supervisores europeos, su incapacidad para hacer frente a estas prácticas, ya sea escasos medios, falta de voluntad, o, splemente, que los abogados de los malos son más listos que los de los buenos.
En Estados Unidos, los fiscales, o, mejor dicho, Spitzer, se ha ocupado en los últos años de meter en vereda a media docena de abusadores y multar a otros tantos.
Pero en Europa atamos los perros con longaniza y en esa famosa Directiva de Abuso de Mercado, se ha introducido una coda que parece dirigida especialmente a la profesión periodística, que tanto daño hace a las empresas cuando publica lo que ellas no quieren que se sepa. El abuso de mercado, dice la directiva, puede surgir en circunstancias en las que los inversores se vean perjudicados irrazonablemente, directa o indirectamente, personas que hayan usado información privilegiada o hayan divulgado información falsa o engañosa.
En un momento en el que el arsenal de comunicación e influencia de las grandes empresas sobre los medios de información es ingente, y en el que cada vez resulta más difícil publicar información pura y dura todo aquello que los directivos no desean que se sepa resulta que el regulador, preocupado las fuentes de información, trata de meter mano a los periodistas, estableciendo, además, nebulosas coincidencias con el trabajo de los analistas y el abuso de insider.
Si publicar noticias contrastadas sobre una empresa, sobre todo esa información que no aparece en las notas de prensa o aquella esencial para el pequeño inversor que los grandes emisores se guardan para sí, resulta información privilegiada, apaga y vámonos.
Si el regulador lo que busca son periodistas que realicen recomendaciones de compraventa de títulos, España no parece que sea el lugar adecuado, que, entre otras cosas, es práctica éticamente rechazable en la profesión.
Lo que los periodistas consideramos un scoop no puede ser atajado a la pata la llana sin antes vulnerar el artículo 20 de la Constitución. ¿Qué sería de asuntos como Gescartera, el caso Banesto, los distintos affaires De la RosaKIO y otros tantos temas si cada vez que se publica información relevante, estamos que se está superando el límite de la normativa?
Sin duda, el mejor periodista es el que está callado, que está como ausente, que diría Neruda. Y, sin duda, los reguladores tienen un trabajo presionante hacer en la defensa del pequeño inversor, que, ahora, se basa en informaciones periodísticas.
Es lógico que si un periodista comete un delito de uso de información privilegiada o manipulación sea sometido con rigor a la ley, como cualquier otra persona. No lo es que un sple error periodístico, que se suele pagar con el descrédito, sea subsanado única y exclusivamente la vía judicial. Y, si se hace daño a una empresa o a un particular, para eso están los tribunales.
La Directiva de Abuso de Mercado coge el rábano las hojas y se sitúa en una línea peligrosa, que más parece intentar el control de los medios que establecer límites a las infracciones graves, en un mercado cuya transparencia y equidad entre inversores está lejos de lo deseable.
Jesús GARCÍA.
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