El proyecto del Gobierno que pretendía regular la publicidad institucional de la Administración Pública ha generado más desacuerdos que consensos en las Comunidades Autónomas.
El proyecto del Gobierno que pretendía poner orden en la publicidad institucional de las administraciones públicos ha generado más desacuerdos que consensos al interior de las Comunidades Autónomas. La discordia se ha generado la intención del Ejecutivo de controlar las campañas institucionales de las Autonomías, según informa El Confidencial. El proyecto pretende hacer más transparente los concursos públicos publicitarios del Sector Público, altamente cuestionados esta industria.
Según informa El Confidencial las protestas de Cataluña, Aragón y Extremadura ante el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, ha obligado a la vicepresidenta prera, María Teresa Fernández de la Vega, a dar marcha atrás en el proyecto de Ley de Publicidad Institucional.
Estas protestas se suman a las realizadas la Comunidades Autónomas gobernadas el PP que consideran que esta Ley vulneraría la libertad de acción. En la práctica lo que se tema es que el Gobierno restrinja publicidades consideradas perjudiciales para el Estado. Además el margen de maniobra comercial para adjudicar las campañas se reduciría al míno, afectando muchos contratos futuros.
Uno de los puntos centrales de Ley Básica Reguladora de la Publicidad Institucional establece que desde el punto de vista de la contratación y la difusión, “se disponen las reglas necesarias para garantizar el principio de neutralidad en la adjudicación de las campañas que se contraten desde las Administraciones Públicas”.
Además se establece la prohibición expresa de contratar o financiar con dinero público campañas institucionales que puedan considerarse de carácter propagandístico, como las concebidas para destacar logros de gestión el poder público.
El anteproyecto regula también los principios comunes que han de ser observados en esta publicidad. En particular, se hace referencia a los de transparencia, veracidad, respeto a valores constitucionales y a la dignidad inherente al ser humano; así como a la prohibición de utilizar mensajes o ágenes sexistas, xenófobas o que inciten a la discrinación o a la violencia.
