La vicepresidenta prera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha salido al paso de las críticas de los medios de comunicación la nueva ley audiovisual. Ha dicho en el programa de María Teresa Campos que si Canal Plus pidiese emitir en abierto no descarta darle una licencia. Preguntemos a los ciudadanos ha dicho. Ha descartado además cualquier presión de Grupos mediáticos que el Gobierno no tiene hipotecas.
La vicepresidenta prera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha salido al paso de las críticas de los medios de comunicación la nueva ley audiovisual. Ha dicho en el programa de María Teresa Campos que no si Canal Plus pidiese emitir en abierto no descarta darle una licencia. “preguntemos a los ciudadanos” ha dicho. Ha descartado además cualquier presión de Grupos mediáticos que “el Gobierno no tiene hipotecas”.
En declaraciones al programa de María Teresa Campos en Antena 3, la Vicepresidenta Prera ha explicado que si Canal Plus pidiese emitir en abierto algo que no le consta “no descarta entregarle la concesión“.“¿Quieren que Canal Plus emita en abierto? Preguntemos a los ciudadanos. ¿Qué van a decir?“, ha dicho durante su intervención en Cada Día.
Por otro lado, la vicepresidenta ha subrayado que en el proyecto de ley de TDT el Gobierno “no tiene hipotecas ni negocio en ningún sitio“. “Si tuviéramos algún interés o algún negocio en la televisión, o necesidad o querencia manipular o usar la televisión, hubiéramos hecho lo que se ha hecho toda la vida en este país, utilizar la televisión pública para ello”, ha advertido. Según ha dicho, el objetivo del Gobierno es “una mejor televisión, una mayor oferta, más competencia, más pluralismo y que los ciudadanos tengan más posibilidades de poder elegir”.
La vicepresidenta ha añadido que el Ejecutivo respeta “totalmente” la posición de los grupos de comunicación privados “que defienden sus intereses particulares legítos” y ha añadido que el Gobierno “tiene que defender los intereses generales de los ciudadanos”. Por otro lado, ha garantizado que el proyecto de ley seguirá adelante, aunque “en lugar de un mes igual tarda dos”.
