Nacida en Ourense en 1949, Elena Salgado es ingeniera Industrial en la especialidad de Energía; licenciada en Ciencias Económicas en la modalidad de Estructura y Máster en Métodos Cuantitativos de Gestión.
Elena Salgado, nacida en Ourense en 1949, es ingeniera Industrial en la especialidad de Energía; licenciada en Ciencias Económicas en la modalidad de Estructura y Máster en Métodos Cuantitativos de Gestión. Ha sido directora del Departamento de Estudios en el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria (19821984), directora general de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de economía y Hacienda (19851991) y secretaria general de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Transtes y Medio Ambiente (19911996).
Además, ha ocupado los puestos de directora de Lenci Consulting (19972002), consejera delegada de Vallermoso Telecom (20022003), presidenta de 11811 Nueva Información Telefónica (filial de Telegate AG) durante 2003 y ha sido miembro del consejo de administración de Abertis Telecom (2004).
Su Ministerio ha propuesto la prohibición de fumar en los centros de trabajo antes de que acabe 2005. ¿Cómo se pondrá en marcha esta iniciativa y qué medidas de apoyo se facilitarán a las empresas y a los fumadores?
Estamos trabajando estrechamente con los agentes sociales, con las comunidades
autónomas, otros departamentos de la Administración Pública y con la Federación Española de Municipios y Provincias, así como con asociaciones profesionales y científicas, para lograr su plantación efectiva. Por lo pronto, el Ministerio de Sanidad ha asignado ya a las autonomías seis millones de euros para la financiación conjunta de programas de prevención y lucha contra el tabaquismo en sus respectivos territorios. Este dinero servirá para contribuir a las campañas informativas que desarrollan en la actualidad las CCAA y acometer las estrategias destinadas a ayudar a los empleados fumadores de las administraciones públicas a dejar de fumar. Asismo, permitirá la creación de unidades de deshabituación del tabaco para dar apoyo a aquellas personas que deseen dejar de fumar.
¿Esperan recibir el apoyo del sector empresarial?
Estoy segura de que el sector empresarial va a colaborar en las campañas de información a los trabajadores. En este momento, son ya numerosas las empresas que han puesto en marcha programas de ayuda para dejar de fumar que están siendo muy bien acogidos los trabajadores. No podemos olvidar que esta iniciativa contribuirá a reducir las bajas laborales enfermedades asociadas al tabaquismo, con lo que el posible coste para las grandes compañías se compensará sobradamente con la mejora de la salud de sus empleados.
Esta medida, ¿aspira a extenderse a lugares de ocio como bares y restaurantes, como ya se hace en algunos países de Europa?
Ampliando los espacios libres de humo paulatinamente. Pero, antes de adoptar unas medidas silares en los lugares de ocio, debemos intensificar las campañas de información al ciudadano sobre los peligros del tabaco y potenciar la educación, especialmente entre los más jóvenes.
Este plan traerá consigo una previsible reducción de la producción de tabaco en España. Sin embargo, es el tercer productor europeo de esta plantación. ¿No afectará a los estratos social y económico esta medida? Y si se resienten, ¿cómo prevé su Ministerio solventarlo?
Las medidas a este respecto son muchas veces complejas, que requieren actuaciones coordinadas de distintos departamentos ministeriales y deben tener en cuenta las políticas europeas en la materia. Pero quisiera aclarar que no tiene nada que ver la producción del tabaco con su consumo, que está asociado a otros factores tales como la publicidad, el precio de la cajetilla, las campañas preventivas, la influencia de los mayores… En ninguna parte está explícita la relación entre la producción y el consumo. Asismo, la Junta de Extremadura, al igual que el Gobierno de Canarias, está potenciando cultivos alternativos que permitan sustituir la producción de tabaco sin perjudicar a los agricultores, en línea con las directrices marcadas la UE. Hace unas semanas, la Comisión Europea reformó el régen de ayudas comunitarias al tabaco y sentó las bases para hacer una transición tranquila hacia un nuevo modelo de producción. Por las noticias que tengo, el sector tabaquero español ha quedado razonablemente satisfecho con estos acuerdos.
España, ¿va detrás de Europa en lo que respecta a legislación antitabaco?
En lo que vamos detrás del resto de los países europeos es en el cumpliento de las normas. El Gobierno aprobó ya en 1998 y 1999 dos Reales Decretos que regulaban los espacios libres de humo, con el objetivo de proteger a mujeres embarazadas y a los ciudadanos no fumadores del aire contaminado en centros de trabajo, de atención al público, de ocio y transte. Pese a ello, la legislación se ha venido incumpliendo sistemáticamente, quizá que el hábito del tabaco es un arquetipo cultural arraigado entre los españoles, que nos cuesta mucho trabajo erradicar, particularmente si desde los poderes públicos no se tiene una política decidida contra este hábito. La información, la educación sanitaria y la persuasión son elementos prescindibles para lograr que se cumpla la ley.
Usted afirma que cobrar un euro visita médica “crea más problemas que soluciones”. ¿El tripartito ha elegido su Ministerio para abrir el debate sobre financiación?
No. Plantear los problemas que existen y debatir sobre ellos es parte de la práctica de un buen gobierno. Cataluña ha sido la prera Comunidad en plantear el déficit de la financiación sanitaria, pero no la única. El presidente del Gobierno ya ha anunciado su compromiso para estudiar los problemas de financiación de la sanidad y presentar una
propuesta en la próxa conferencia de presidentes autonómicos. Esto demuestra que el compromiso del Gobierno garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y
mejorar la sanidad es firme.
¿Para cuándo, pues, un cambio en el sistema de financiación sanitaria aprobado en 2001?
El calendario previsto el Gobierno es que las modificaciones puedan entrar en vigor en 2006. Para ello, es preciso alcanzar un amplio acuerdo social, de forma que en la próxa conferencia de presidentes autonómicos puedan aprobarse los cambios en la financiación. Pero, en este sentido, prero es necesario llevar a cabo un análisis profundo de las variables que inciden en el aumento del gasto sanitario, las necesidades reales y la eficacia de la gestión de la sanidad en todos los niveles.
La inmigración ya supone el 6,24% de la población, es decir, más de dos millones y medio de personas, a los que habría que añadir una cifra enorme, pero indeterminada, de inmigrantes ilegales que también reciben prestaciones sanitarias. Este fenómeno, ¿está haciendo tambalear las cuentas de su Ministerio?
Existe una confusión de fondo que me gustaría aclarar. La gestión de la asistencia sanitaria le corresponde a las comunidades autónomas, no al Ministerio de Sanidad y Consumo. Sin embargo, somos conscientes del peso de los inmigrantes en nuestro sistema sanitario; entre otras razones, que la atención sanitaria a este nuevo sector de la población nos afecta a todos, en la medida en que la sanidad se financia con los puestos de todos los ciudadanos, a través de los Presupuestos Generales del Estado. Creo que la sociedad española viene demostrando con creces su sentido de la solidaridad y, tanto, estoy segura de que se siente enormemente orgullosa de que nuestro sistema sanitario atienda a todo aquel que lo necesite, independientemente de su situación administrativa. Además, como usted bien señala, existe un elevado centaje de personas inmigrantes cuya situación está regularizada y que con su trabajo están contribuyendo al creciento de nuestro país.
