El Ministerio de Industria ha decidido dar un pulso a los Operadores Móviles Virtuales en España, como una de las medidas contempladas en su Plan de Dinamización de la economía española, aprobado hace dos semanas.
El Ministerio de Industria ha decidido dar un pulso a los Operadores Móviles Virtuales en España, como una de las medidas contempladas en su Plan de Dinamización de la economía española, aprobado hace dos semanas.
Esta iniciativa ha creado cierta controversia en el seno de uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía, el de la telefonía móvil, ya que el pulso desde el Gobierno de operadores móviles virtuales, como sples revendedores de tráfico a bajo precio, podría generar un entorno competitivo –basado exclusivamente en una guerra de precios que pone en peligro el cumpliento de las multillonarias inversiones comprometidas todo el sector hasta el 2008.
El sector de la telefonía móvil en España es actualmente, en un marco totalmente liberalizado, uno de los más competitivos de la economía española. Tras superar el pinchazo de la burbuja tecnológica y amortizar el desembolso que supuso las licencias de UMTS en el año 2000, los operadores móviles en España han trabajado e invertido para ofrecer a los clientes una oferta de valor, adecuada a sus necesidades y a la permanente evolución tecnológica, y sobre todo altamente competitiva con precios ajustados a la media europea. No en vano, el precio de los servicios móviles se ha reducido en España un 14,9% en los últos cuatros años, una reducción que llega al 31% en el periodo 20002003 si consideramos exclusivamente la bajada de los servicios móviles de voz (22,2%) y el creciento acumulado de la inflación en esos años (13,6%).
Además, en este sentido, el sector de las telecomunicaciones en España –especialmente la telefonía móvil ha sido el que más ha contribuido en los últos años a moderar la evolución al alza de la cesta de la compra, cuantificando una reducción del –9,5%, frente a los incrementos manifiestos en el resto de sectores.
Asismo, en España –un país en el que el precio del minuto facturado (0,26 euros/minuto) y la factura mína (19 euros) se sitúa en el promedio de los operadores europeos y debajo de países como Alemania el mercado móvil ha sabido evolucionar hasta un alto grado de desarrollo y penetración.
Gracias a políticas de servicios de valor a precios adecuados y subvención de terminales –principales demandas de los usuarios e inversión sostenida en infraestructuras, cobertura y manteniento de redes, el sector de la telefonía móvil es uno de los principales motores de desarrollo de la economía. Un marco que no requiere, en ningún caso, de medidas artificiales plementadas el gobierno, ya que el pulso de Operadores Móviles Virtuales no garantiza, en ningún caso, la apuesta nuevos desarrollos tecnológicos, con las inversiones en infraestructuras que conllevan, y su extensión geográfica y social a todos los ciudadanos.
De hecho, se trata más bien de un empeño particular del ministro de Industria, José Montilla, que tendría que volver a valorar hasta qué punto la entrada forzosa de los OMVs, que se litarían a desarrollar una guerra de precios a corto plazo puede garantizar (o no) un creciento sostenible del sector, más aún a largo plazo.
En este sentido, y la experiencia de países como Dinamarca así lo demuestra, la entrada de los operadores móviles virtuales –de costes muy bajos y orientados a lucha de precios puede poner en peligro el cumpliento de la inversión en infraestructuras comprometido los operadores móviles tradicionales para los próxos tres años. Esto supondría un paso atrás en el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones de datos, el despegue de la 3G, el pulso de la innovación tecnológica y, ende, su atación al creciento económico del país.
Ante estas perspectivas, y dado que no está claro que la entrada de OMVs en los mercados europeos haya contribuido a la creación de valor sostenible, el ejecutivo debería dirigirse a otros sectores menos dinámicos y más necesitados de estas medidas, y en el entorno de la telefonía móvil litarse a favorecer un marco regulatorio que realmente garantice el compromiso inversor y de innovación permanente necesario en un momento de continuos cambios tecnológicos.
