Todos los medios de comunicación publican hoy que la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si procede (o no) abrir diligencias para investigar una denuncia de un accionista minoritario de Terra contra los Consejos de Administración de Telefónica y su filial de Intet. El accionista que ha querido mantener el anonato ejerce la acusación presunta apropiación indebida y administración fraudulenta en perjuicio de. Mañana tendremos una segunda entrega de este tema.
Todos los medios de comunicación publican hoy que la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si procede (o no) abrir diligencias para investigar una denuncia de un accionista minoritario de Terra contra los Consejos de Administración de Telefónica y su filial de Intet. El accionista –que ha querido mantener el anonato ejerce la acusación “presunta apropiación indebida y administración fraudulenta” en perjuicio de los accionistas minoritarios de Terra.
Estos hechos ya fueron considerados como no constitutivos de delito hace un año, tras una querella silar presentada a trámite la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (Adicae). En ese caso, la denuncia –recogida a trámite el magistrado Guillermo Ruiz de Polanco fue rechazada el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Ante estas circunstancias, resulta al menos sorprendente, que vuelva a aparecer una demanda silar. El hecho de que el demandante quiera permanecer en el anonato y de que forme parte de una plataforma de pequeños accionistas de Terra, coordinada la propia Adicae, lleva a pensar que se trata de una nueva baza (más bien de farol) de esta Asociación, que al no poder personarse como entidad jurídica en la misma causa, lo hace a través de uno de sus asociados con el único interés de judicializar una causa, que como se ha demostrado sobradamente, solamente existe en la cabeza de un pequeño grupo de accionistas (no llegan ni al 1%) que quiere sacar “tajada”, preferentemente económica, de esta situación.
Eso sí, si antes reclamaban una indemnización de 7.000 millones, ahora sólo se cifra en 1.100 millones de euros, otro ejemplo de que el interés estriba en llevar el tema a los tribunales y judicializar la causa, desde una oposición sistemática a las propuestas de Telefónica a los accionistas de su filial de Intet.
De momento, la juez Teresa Palacios, uno de los magistrados de mayor protagonismo mediático de los últos meses, no prejuzga ni admite a trámite, ya que cree que “no están determinadas ni la naturaleza, ni las circunstancias de los hechos denunciados”, sino que pide a la Fiscalía –como en cualquier otro procediento silar que se pronuncie para definir si procede abrir diligencias previas.
Pese a todo, los medios se han hecho eco –de forma ciertamente desmesurada de lo que de momento se tramita como mero procediento.
Una profusa cantidad de tinta que excede, sin duda, el número de accionistas representados, y el propio motivo del litigio, pues son miles los minoritarios que no comparten la beligerancia, ni el interés de asociaciones como la que respalda al denunciante.
Además, tampoco se puede olvidar que las empresas “puntocom” tuvieron su gran auge y supusieron una golosa inversión en bolsa, como lo puede ser cualquier otro valor de renta variable, aunque como ya se sabe, hay que asumir los riesgos que conlleva cualquier inversión en el mercado.
