La Administración tiene la obligación de impulsar la SI

Democratización de la SI:

Los operadores de telecomunicaciones en España destinan su inversión y esfuerzo innovador exclusivamente al 6% de los municipios (los más tantes) del país, excepto Telefónica que lleva sus inversiones a todo el estado (a precios asequibles a todos los colectivos de clientes y a toda la geografía, con independencia de su atractivo comercial y con criterios de razonabilidad).

Llevar las inversiones y la oferta comercial al cien cien del territorio estatal es lo que se puede definir como la verdadera “DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” y no litarse a seleccionar a los clientes de mayor poder adquisitivo.

Incentivar la demanda:

Actualmente no se puede decir que exista en España una brecha digital, ya que contamos con un nivel de desarrollo de las telecomunicaciones y de las TIC silar al de nuestros homólogos europeos. España cuenta con una amplia oferta en servicios e infraestructuras y redes.

En este sentido, la generalización del uso de las TIC es básica. La clave pasa incentivar la demanda y el interés de los ciudadanos el uso de las nuevas tecnologías. Para ello, el prer paso y uno de los papeles fundamentales lo juegan los poderes públicos que deben actuar de forma coordinada (mediante el pulso de la Administración electrónica, el DNI electrónico,… y actuando como ejemplo en el uso de servicios de la S.I. y prestación de servicios online a empresas y ciudadanos).

Para alcanzar la digitalización integral, es necesaria la compensación parte del Estado de los eventuales desequilibrios sociales y regionales.

Marco regulatorio razonable:

El sector no necesita una regulación ex–ante, sino que debe ser el propio mercado el que lo regule, de acuerdo con las leyes de la competencia, permitiendo la posibilidad de una regulación ex–post, si tiene algún defecto.

La regulación previa supone un cuello de botella que pide el desarrollo de nuevas iniciativas y no favorece la inversión.

Un ejemplo claro de esta política es la expansión de la tecnología ADSL en España. Si Telefónica no hubiera incentivado la innovación y no hubiera invertido en esta tecnología, como ha hecho, hoy España no estaría entre los países punteros en su desarrollo y uso parte de los ciudadanos. Un marco regulatorio razonable (predecible y sétrico) incentiva la innovación y la inversión. Otro ejemplo, se está viendo en el caso de  Imagenio.

Incentivar, invertir e innovar son las claves que también se van a aplicar a la Voz sobre IP. En este sentido, Telefónica tendrá en el año 2008 todas sus redes sobre IP.

Servicio Universal compartido:

Telefónica sigue siendo el único operador en España que prociona servicio universal y asume su coste íntegramente.

El servicio universal tiene un coste elevado y altamente discrepante entre el regulador y Telefónica: En 2002, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) reconoció un coste neto del servicio universal de 110,1 millones de euros, frente a los 224 millones de euros estados Telefónica. Pese a que el regulador consideró que la Compañía no sufre una desventaja competitiva asumir íntegramente el coste el servicio universal, esta situación no se produce en ningún otro país.

El coste el servicio universal debe ser compartido todos los operadores. Ya existen a nivel internacional mecanismos para universalizar los servicios distribuyendo los costes: ejemplo los fondos de financiación de Francia e Italia. Por ello, nos suenan a cantos de sirena cuando escuchamos que la Administración se va a hacer cargo del creciento y sosteniento de la Sociedad de la Información.