Ya en su discurso de investidura, José Luis Rodríguez Zapatero fue el prero en mencionar la necesidad de regular la publicidad institucional, calificada actualmente desde el mismo ejecutivo como ‘absolutamente caótica’. Un año después, se vislumbran los pilares sobre los que se centará esta ley, que presumiblemente será aprobada el congreso antes de finales de año.
Esto es lo que se pudo deducir de las palabras de Luis Arroyo, Director del Gabinete del Secretario de Estado de Comunicación, que participó como ponente en un curso de verano organizado en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
A pesar de que en un principio se tomó como referencia el modelo de centralización británico encarnado en el COI, éste se desestó rápidamente tras comprobar las dificultades de plantación que tendría en nuestro país. Por ello, se ha optado mantener el modelo descentralizado vigente, si bien es cierto que dotado de una organización de la que carece actualmente.
Basándose en la estructura plantada en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1991 (también gobernada socialistas), este proyecto de ley pretende lograr cuatro objetivos básicos: que la publicidad y comunicación institucional sean útiles a los ciudadanos y no al gobierno de turno (con lo que se pretende acabar con el autobombo), garantizar la profesionalidad en las campañas, prohibir campañas de ataques de una administración hacia otra (como se ha visto en la denominada ‘guerra del agua’ entre valencianos y aragoneses) y establecer mecanismos que garanticen la transparencia.
Además de estos objetivos, la ley se cienta en diez puntos básicos:
· Afecta sólo a la comunicación estatal, al gobierno central y empresas públicas (se intentó hacer con las comunidades autónomas, pero fracasó).
· Afecta a la publicidad, pero también a otras áreas de la comunicación, tales como las Relaciones Públicas.
· La ley prohibirá campañas que tengan como finalidad destacar las lagunas de gestión, las que vayan en contra de los poderes públicos, utilización de colores que pueden llevar a error…
· Cualquier ciudadano podrá pedir el cese de una campaña.
· La petición expresada en el punto anterior deberá ser resuelta inmediatamente.
· Las campañas deberán ser accesibles a personas con discapacidad (aquí el papel de la TDT parece fundamental).
· Podrán utilizarse las distintas lenguas oficiales del estado.
· Deberán esgrirse criterios objetivos para la contratación de campañas
· La comisión interministerial creada al efecto creará un plan interanual cuyo objetivo es mostrar las previsiones anuales.
· Informe anual posterior que se remitirá a las Cortes que evaluarán las campañas.
Estas medidas pretenden organizar un sector cuyo presupuesto oscila entre los sesenta y ciento veinte millones de euros anuales, lo que le convierte en uno de los principales anunciantes de este país.
