Reteros sin Fronteras quiere llamar la atención del gobierno mexicano sobre la persistente punidad que, un año después de los hechos, se mantiene en el asesinato de Francisco Arratia Saldierna, editorialista de los periódicos regionales El Imparcial, El Regional, Mercurio y El Cinco, ocurrido el 31 de agosto de 2004 en Matamoros (Estado de Tamaulipas, Noreste).
Reteros sin Fronteras quiere llamar la atención del gobierno mexicano sobre la persistente punidad que, un año después de los hechos, se mantiene en el asesinato de Francisco Arratia Saldierna, editorialista de los periódicos regionales El Imparcial, El Regional, Mercurio y El Cinco, ocurrido el 31 de agosto de 2004 en Matamoros (Estado de Tamaulipas, Noreste).
Por otra parte, la organización considera que deben proseguir los recientes esfuerzos del gobierno federal, para mejorar la protección de los periodistas. “La detención, el 24 de septiembre de 2004 de Raúl Castelán, presunto asesino de Francisco Arratia Saldierna, no ha estado seguida de ningún avance significativo en la investigación, ya que el sospechoso no ha sido inculpado del cren, a pesar de haber reconocido su participación en él. Hemos recibido con satisfacción los recientes anuncios de las autoridades federales mexicanas en favor de la libertad de prensa pero deseamos ver los efectos concretos, en especial en las investigaciones sobre asesinatos de periodistas”, ha declarado Reteros sin Fronteras.
Recientemente, el gobierno de Vicente Fox ha demostrado un interés renovado la situación de los periodistas. El 29 de agosto de 2005, el Presidente de la República se entrevistó con Alejandro Miró Quesada, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien le comunicó sus preocupaciones y sus prioridades, que entre otras cosas se refieren a la legislación y las sanciones previstas para los crímenes cometidos contra periodistas.
En el transcurso del encuentro, el gobierno mexicano manifestó su apoyo a un proyecto de ley que hace de esos ataques crímenes federales es decir, menos sometidos a las presiones locales y tratados instituciones que disponen de más medios, que no prescriben, y con mayores sanciones.
El 25 de agosto se nombró un fiscal especial de la Fiscalía General de la República (PGR), para ocuparse específicamente de los delitos cometidos contra los periodistas. Se trata de Miguel Angel Meneses Maciel, un ex alto funcionario del Ministerio Público.
Reteros sin Fronteras ha señalado que las diferentes medidas adoptadas contribuyan a castigar, entre otros, los asesinatos de Francisco Arratia Saldierna, Francisco Javier Ortiz Franco, del semanario Zeta, al que mataron el 22 de junio de 2204 en Tijuana, o los más recientes de Raúl Gibb Guerrero, del diario regional La Opinión, asesinado el 8 de abril de 2005 en el Estado de Veracruz, o el de Dolores Guadalupe García Escamilla, vícta de un atentado el 5 de abril de 2005, en Nuevo Laredo.
