El Tribunal Supremo ha decidido anular la denegación parte de la Generalitat en 1998 de la renovación de la licencia de la Cadena COPE en Barcelona, estando así el recurso de casación presentado la cadena. La emisora había seguido emitiendo gracias a la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Tribunal Supremo ha decidido anular la denegación parte de la Generalitat en 1998 de la renovación de la licencia de la Cadena Cope en Barcelona, estando así el recurso de casación presentado la cadena. La emisora había seguido emitiendo gracias a la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La sección tercera de la sala de lo contenciosoadministrativo del Supremo anula la resolución de la Generalitat de Cataluña del 12 de mayo de 1998 en la que se denegaba la renovación de la concesión para la gestión de la emisora de FM la que emite la Cadena COPE en Barcelona en la frecuencia 102.0. La sentencia reconoce el derecho de COPE a la renovación de dicha concesión.
La sentencia deja claro que no cabe aplicar normas a las concesionarias radiofónicas con carácter retroactivo y que las concesiones en Cataluña ya debieron ser renovadas en su momento. La propia COPE había venido denunciando hace unas semanas que sus constantes disputas con políticos catalanes, entre los que se encuentra el Ministro de Industria José Montilla, podrían generar la cancelación de sus licencias en Cataluña.
Por decisión del entonces gobierno de CiU, la Generalitat decidió no renovar la licencia con la que esta cadena emitía en Barcelona, al igual que otras ubicadas en Manresa y Tarragona. La administración catalana otorgó al Grupo Godó la licencia denegada previamente en Barcelona.
La Generalitat denegó en aquel momento la renovación de la licencia la aplicación de la ley catalana de 1998 sobre política lingüística, que variaba el centaje de emisiones en lengua catalana para “garantizar como míno los tiempos de emisión” en catalán, según exponía la sentencia. Sin embargo, estas emisoras han seguido emitiendo hasta ahora bajo autorización de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que aceptó el recurso presentado la COPE en contra de la resolución del concurso.
Al mismo tiempo, en Comisiones Obreras advirtieron que el posible fin de las emisiones de la COPE en Cataluña podría poner en peligro unos cien puestos de trabajo. “Desde el derecho constitucional a la información que tenemos los ciudadanos de este país, este Sindicato siempre ha defendido y defenderá que una condición ineludible a cualquier sociedad democrática es el respeto al libre ejercicio de la profesión periodística que, como toda actividad en un estado de derecho, ha de estar sometida y garantizada la Justicia, y no supeditada a las decisiones discrecionales de la Administración”, han señalado.
AGENCIAS / PRNOTICIAS
