Una vez más, las listas de espera quirúrgicas siembran la polémica en la Comunidad de Madrid. En esta ocasión ha sido el Consejo Interterritorial de Salud el que ha reavivado las llamas de un asunto que llena los discursos de la política regional. Dicho Consejo ha decidido expulsar a Madrid de la contabilidad nacional de listas de espera que, a jucio de los socialistas, los sistemas de contabilidad del Gobierno de Esperanza Aguirre “son tramposos”.
Para Rafael Sancas, tavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, la decisión del Consejo “es un hecho extraordinariamente grave y bochornoso” y lo considera el “justo premio” a los intentos de Aguirre de “maquillar los datos e intentar engañar a los madrileños”
Desde la Consejería de Sanidad y Consumo han respondido a los socialistas y al Ministerio con los datos en la mano. Para ello encargaron la elaboración de dos informes, uno al servicio jurídico de la propia Comunidad y otro a un prestigioso bufete de abogados, para evitar que “nadie cayera en la tentación o demagogia de afirmar que los servicios jurídicos propios del Gobierno Regional podían velar las conclusiones alcanzadas” según declaró el consejero de sanidad, Manuel Lamela.
Ambos informes, que fueron enviados al Ministerio de Sanidad para aclarar sus “dudas” sobre el cómputo de las lisas, coinciden en que la Comunidad de Madrid es competente en el ámbito de la ordenación sanitaria, así como en “la regulación general de todas las acciones que permitan, a través del sistema sanitario, hacer efectivo el derecho a la protección de la salud”. Por lo tanto, el Gobierno Central no tiene potestad para interferir en las competencias atribuidas al Regional.
Cómo afirmó Lamela, los datos de Madrid en este sentido son “perfectamente incorables y agrupables a los de todas las Comunidades Autónomas. El nuevo sistema de contabilización plantado en la Capital es único y pionero en España y garantiza la atación de cifras reales frente a las estadísticas que ofrecen el resto de autonomías.
Con todo esto, el Gobierno de Aguirre ha querido demostrar que cumplen “escrupulosamente” la normativa vigente y que la decisión del Consejo Interterritorial es una prueba más del intrusismo parte del Ejecutivo central en la gestión de la Comunidad de Madrid.
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