Cuando la prensa todavía no se recupera de la nueva Ley Audiovisual catalana y el aumento de los poderes sancionadores del Consejo Audiovisual de Cataluña, Montilla nos sorprende nuevamente con una ley nacional de control de medios. Bajo el nombre de un Consejo Estatal Audiovisual, Industria se propone controlar los contenidos de los medios y establecer un sistema sancionador para temas incómodos. La noticia adelantada El País, ha generado el rechazo unáne de la profesión que considera que se puede establecer una nueva ‘Ley Mordaza’.
Cuando la prensa todavía no se recupera de la nueva Ley Audiovisual catalana y el aumento de los poderes sancionadores del Consejo Audiovisual de Cataluña, Montilla nos sorprende nuevamente con una ley nacional de control de medios. Bajo el nombre de un Consejo Estatal Audiovisual, Industria se propone controlar los contenidos de los medios y establecer un sistema sancionador para temas incómodos. La noticia adelantada El País, ha generado el rechazo unáne de la profesión que considera que se puede establecer una nueva “Ley Mordaza”.
El Gobierno se dispone a aprobar una ley para crear un Consejo Estatal de los Medios Audivisuales que tendrá como misión, entre otros, velar el “pluralismo” (incluido el lingüístico), la “veracidad” y el respeto al honor en las informaciones. El incumpliento de esta obligación puede acarrear, infracción muy grave, hasta la revocación de la licencia de radio o televisión. La noticia ha sido adelantada esta mañana El País (lo que le otorga absoluta credibilidad, dado el nivel de intidad entre Moncloa y la redacción de Polanco) e inmediatamente ha generado una ola de rechazo de parte de todos los sectores del periodismo y los medios de comunicación.
La inspiración de este futuro consejo se encuentra en el Consejo Audiovisual e Cataluña –aunque con menos competencias reales, organismo que ha saltado a la opinión pública debido a su expediente en contra de la pluralidad de
Según cuenta El País, el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales que ha diseñado el Ministerio de Industria, dirigido José Montilla, tendrá competencias para controlar, inspeccionar y sancionar a los operadores de radio y de televisión. Las faltas muy graves, como la vulneración del “pluralismo” y la “veracidad” de las informaciones acarrearán una multa de hasta un millón de euros y la posible revocación de la concesión. Las resoluciones del consejo podrán ser recurridas ante los tribunales.
En el Gobierno se defienden señalando que España sólo se equipararía a muchas legislaciones europeas donde ya existen este tipo de organismos de supervisión de medios. Señalan que España es uno de los pocos países que no lo poseen y que es necesario tener un consejo de estas características para velar un sector tan tante como los medios de comunicación.
La reacción unáne de los periodistas y de los medios de comunicación ha sido de rechazo. Se esperan en estos momentos declaraciones oficiales de las asociaciones gremiales, aunque algunos periodistas más incluyentes ya han manifestado su absoluto rechazo.
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