Las reacciones a la noticia de tada, que publicaba El Mundo en su edición de hoy, sobre el programa piloto puesto en marcha la Generalitat de Cataluña que consiste en auditar algunos hospitales para comprobar si el personal sanitario habla catalán, tanto entre ellos, como con los pacientes, no se han hecho esperar. El Consejo General de Enfermería de España ya ha mostrado su rechazo ante una medida que supone una ‘merma de los derechos de los profesionales sanitarios’.
Las reacciones a la noticia de tada, que publicaba El Mundo en su edición de hoy, sobre el programa piloto puesto en marcha la Generalitat de Cataluña que consiste en auditar algunos hospitales para comprobar si el personal sanitario habla catalán, tanto entre ellos, como con los pacientes, no se han hecho esperar. El Consejo General de Enfermería de España ya ha mostrado su rechazo ante una medida que supone una “merma de los derechos de los profesionales sanitarios”.
Según cuenta El Mundo: El proyecto forma parte del Plan estratégico de política lingüística en los centros sanitarios, acordado en 2003 el Govern de Jordi Pujol y puesto en marcha el tripartito en el 2005. El principal objetivo del plan es lograr que en los hospitales y clínicas se “use normalmente el catalán”, tanto para cumplir la ley como “en beneficio de la calidad del servicio”.
Máxo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería de España, ha manifestado el rechazo de la profesión hacia este tipo de prácticas “que nada tienen que ver con la valoración de lo verdaderamente tante en una profesión sanitaria, que no es otra cosa que la calidad de las prestaciones sanitarias que realiza diariamente”. Para González Jurado, “independientemente de la constitucionalidad o no de este tipo de controles administrativos, debe prar siempre y enca de todo el derecho de los ciudadanos a tener la mejor asistencia sanitaria posible, ya sea utilizando el catalán, el castellano o cualquier otra lengua que facilite la necesaria relación interpersonal entre pacientes y profesionales”.
En este sentido, el presidente de los enfermeros españoles ha asegurado que la salud, que es un derecho fundamental contemplado tanto la Constitución española como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe quedar siempre al margen de cualquier tipo de maniobra política o de cualquier otra acción que no esté basada en la mejora de la calidad de las prestaciones, la seguridad clínica y la satisfacción de los pacientes y que lejos de atar nada al sistema sanitario tan sólo producen una merma de los derechos de los profesionales sanitarios. Así, González Jurado recordó que “dichos derechos y competencias profesionales están recogidos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y en cada uno de los estatutos profesionales de las diferentes profesiones sanitarias, que en su conjunto establecen que los enfermeros y demás profesiones sanitarias facultativas tienen plena autonomía profesional a la hora de pasar consulta, diagnosticar y prestar los cuidados que esten necesarios a los pacientes que les confían su salud. Esta autonomía profesional plica la libertad para utilizar tanto el catalán como el castellano puesto que ambas son lenguas constitucionales y lo realmente tante en nuestra prestación sanitaria diaria es que la comunicación con el paciente sea lo más eficaz y respetuosa posible. Es más, en esa singular relación no debe interferir ningún elemento ajeno a la misma”.
González Jurado tampoco está de acuerdo con las formas utilizadas la Generalitat para averiguar cuál es el centaje del personal sanitario que utiliza el catalán. Y es que durante el año pasado El Consorcio estudió 9000 documentos contenidos en 846 historiales clínicos, sin autorización de los pacientes. “Hay que recordar a la Generalidad que, tal y como establece la legalidad vigente, las historias clínicas son documentos que pertenecen exclusivamente al paciente y que contienen datos e información de carácter personalíso que únicamente puede ser utilizada personal sanitario o investigador cualificado y siempre con fines de carácter sanitario y científico y, supuesto, con el consentiento del propio paciente”. Para Máxo González Jurado, al margen de la legalidad o no de estas acciones, lo que está en juego es un derecho inalienable como es la inviolabilidad de la información contenida en la historia clínica. En este sentido añadió que este proceder no se corresponde con las políticas innovadoras y vanguardistas que hasta el momento ha venido planteando el Departamento de Salud de la Generalidad.
Pero la Generalitat, no sólo intenta conseguir que todo el personal sanitario hable catalán (¿aunque no todos los pacientes lo hablen?), sino que además pretende que sea un requisito indispensable “en los procesos de selección y promoción del personal” y en la distribución de las plazas de formación de especialistas el modelo MIR (Médico Interno Residente) o EIR (Enfermero Interno Residente), unas medidas claramente discrinatorias, que según el Presidente del Consejo General de Enfermería de España, podrían suponer una litación de la libertad de circulación de los profesionales en la Unión Europea.
González Jurado también ha querido dejar claro que este tipo de medidas afectarían además a la calidad de la asistencia y a la seguridad de los pacientes, puesto que las plazas en Cataluña quedarían litadas a aquellos profesionales de la salud que supiesen catalán con independencia del nivel de sus conocientos, habilidades y actitudes.
Sin duda, la polémica está servida.
Seguiremos Informando…
