El Congreso se queda a medias en los derechos de los periodistas

El pasado 21 de febrero, el Congreso de los Diputados, reunido en pleno, rechazó unanidad –292 votos, con tan sólo seis a favor la toma en consideración del proyecto de Ley de Reconociento de los Derechos Laborales de los Periodistas. La medida, pulsada el Foro de Organizaciones de Periodistas y apoyada IU, abordaba la inclusión de todos los periodistas en el régen general de la Seguridad Social y la regulación de las prácticas de los estudiantes, para terminar ‘abusos en las empresas’.

El pasado 21 de febrero, el Congreso de los Diputados, reunido en pleno, rechazó unanidad –292 votos, con tan sólo seis a favor la toma en consideración del proyecto de Ley de Reconociento de los Derechos Laborales de los Periodistas. La medida, pulsada el Foro de Organizaciones de Periodistas y apoyada IU, abordaba la inclusión de todos los periodistas en el régen general de la Seguridad Social y la regulación de las prácticas de los estudiantes, para terminar ‘con la situación de abusos en las empresas’.

Estas dos medidas, que a todas luces atienden a una situación con gran apego a una realidad palpable, no han tenido la otunidad de verse ni tan siquiera consideradas el Gobierno, pese a que el Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, prometiese abordar estas cuestiones para regularlas, en el prer caso, y erradicarlas, en el segundo.

Sin embargo, la Comisión Constitucional, en la que participan todos los grupos parlamentarios, comenzó los trámites a finales de 2005 para llevar a cabo el Estatuto del Periodista, que será aprobado entre finales de pravera y finales del presente año. ¿Qué es lo que incita al Congreso a dejar a medias a los periodistas en sus reivindicaciones? ¿Por qué dar luz verde al Estatuto de los Periodistas, y dejar en punto muerto el reconociento de sus derechos?

Varias son las claves del Estatuto que la clase política ha aprovechado para no dejar de escapar ciertas otunidades. Restando el componente meramente beneficioso para los profesionales, cuya regulación será plasmada en el reglamento más utópica que para poder ejercerse, las nuevas normas no benefician a casi nadie. El periodista sigue igual en el ejercicio de sus derechos y obligaciones –plasmadas ya en la Constitución, mientras que los partidos políticos sacan tajada mediante mecanismos de control que perjudican a las empresas, que son las que salen peor paradas.

El Estatuto no mejora, ejemplo, las condiciones de los colaboradores o trabajadores a la pieza. Ni tan siquiera aborda la precariedad de su situación laboral. No distingue, además, entre medios presos, digitales, o periodistas gráficos. Puntos delicados o conflictivos como el ejercicio de la libertad de expresión y el empleo del secreto profesional y la cláusula de conciencia se quedan igual. Cita una serie de obligaciones cuyo contenido vacío se deshace en sples recomendaciones. Esto citar algunos de los artículos.

Sin embargo, el Estatuto no deja de ser interesante desde el punto de vista de los mecanismos de control que propugna. El prero, sin objetivo concreto ni beneficio claro para el periodista, establece la necesidad de estar inscrito en un registro especial para ejercer la profesión, mediante un carné expedido el Consejo Estatal de la Información –que trataremos a continuación o sus equivalentes autonómicos.

Esto requiere acreditar un periodo de práctica previo y la superación de un examen. Estamos, pues, antes sistemas que van de la sple acreditación profesional a la regulación estricta del acceso profesional. Sin embargo, la intromisión en el ejercicio de informar no se penaliza, que nada pide –incluso las profesiones que se citan incompatibles en el propio texto al ciudadano el ejercicio de libertad de expresión e información a través de cualquier plataforma de comunicación social. Y todo esto para decir, en el preámbulo, que no se exige la invocación de unos derechos profesionales específicos que no se establecen requisitos de titulación para ejercer el periodismo. Hecha la ley, hecha la trampa: los periodistas sin título son también periodistas. Quien quiera serlo no tiene la necesidad de pasarse cinco años en la Universidad.

Pero sin duda, la polémica se genera con la plantación de un Consejo Estatal de la Información y sus equivalentes autonómicos. PRNoticias sabe que el sentir de los empresarios es unánemente contrario a este futuro organismo. La misión de este Consejo será velar el código deontológico, llegando a establecer multas incumpliento doloso de hasta el 10% de los beneficios netos de la propia empresa.

¿Llegarán a plasmarse en la realidad estas sanciones? ¿Es el objetivo de los Gobiernos asegurarse más control sobre los contenidos de las empresas informativas? ¿En qué medida se entromete este Consejo en el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Es el CAC de Cataluña el modelo a seguir? Mientras las empresas serán castigadas de la manera que más duele, la de rascarse el bolsillo, el periodista de calle podrá ser sancionado, en caso de violar la ética profesional algo que se hace y se seguirá haciendo, con la retirada del carné un período de hasta cinco años; amén de sufrir el dedo acusador de todos sus compañeros y de llevar una etiqueta forrada en el cogote faltar a la moral. Todo un drama.

El Estatuto, exceptuando salvedades muy puntuales, parece jugar con los anhelos de libertad conseguidos hace tiempo la Constitución y consagrados el conjunto de la sociedad. En la medida que a esta frase pueda aplicarse, el documento no deja más que una amalgama de propuestas y leyes utópicas en la práctica; al igual que esas prácticas profesionales en las que gozar de buenas condiciones es una utopía. El reconociento de los Derechos Laborales de los Periodistas era un gran paso para comenzar con la renovación de la profesión, que daba un paso firme en adelante. Lo que no hacía, en ningún caso, era dar un paso en falso.