Alrededor de 1.770.000 madrileños, el 30 ciento de la población, tendrá nuevo hospital construido dentro de poco más de un año gracias a la política sanitaria que está llevando a cabo el gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ensaya un nuevo modelo que utiliza la financiación privada para sufragar infraestructuras sanitarias.
El prero de los hospitales que estará construido será el hospital del Tajo (Aranjuez), según las previsiones de la Consejería de Sanidad, que espera que este centro sanitario esté finalizado en febrero de 2007. Este es uno de los siete hospitales comprometidos para esta legislatura durante la pasada campaña electoral la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, al que se ha sumado la construcción del de Valdemoro, con un modelo que va más allá del elegido para el resto de los nuevos hospitales ya que se convertirá en el prer centro sanitario público en la región con una gestión totalmente privada.
Este modelo de gestión, que nació en 1999 en la Comunidad Valenciana con el hospital de La Ribera (Alzira), convierte a la empresa privada en prestadora del servicio público a cambio del pago parte de la administración pública de una cantidad persona y año.
En el caso del hospital de Valdemoro, la Comunidad madrileña pagará a Capio Sanidad y Capio AB, adjudicatarias del proyecto, 330 euros persona y año, cantidad algo inferior a los 379 euros que paga el Gobierno valenciano a la UTE que gestiona su hospital. Coslada, San Sebastián de los Reyes, Parla, Arganda, Aranjuez, Villa de Vallecas y Majadahonda son los lugares elegidos para levantar los siete nuevos hospitales, que, en total, albergarán 1.617 camas, a las que se suman las 90 con que contará el hospital de Valdemoro, con lo que en total supondrán el 14 ciento de las
12.000 camas con que cuentan en la actualidad los hospitales públicos de la región.
Según la Consejería de Sanidad, estos hospitales serán capaces de resolver el 90 ciento de las necesidades de asistencia hospitalaria habituales. El Gobierno regional asegura que se trata “de una iniciativa que no tiene precedentes en Europa, su volumen global y el corto plazo de tiempo fijado para llevarlo a cabo”.
Este modelo prevé la construcción de la obra y su manteniento durante 30 años. La financiación privada de infraestructuras sanitarias ha sido utilizada en el Reino Unido para construir 64 hospitales. El modelo elegido la Comunidad mantiene la actividad sanitaria dentro de la responsabilidad de la administración mientras que se deja en manos de la empresa adjudicataria, además de la construcción del hospital, su manteniento y la explotaciones de actividades como el aparcamiento, lavandería y en general todas las no sanitarias.
Aunque este modelo permite a los responsables políticos poner en marcha una nueva infraestructura sin incurrir en un gasto directo y sin endeudarse, explica el informe, la National Audit Office del Reino Unido concluyó después de revisar 121 proyectos que poner en marcha un hospital con esta fórmula en lugar de la financiación tradicional supone en promedio un ahorro de costes del 1,7 ciento.
Este modelo de pago aplazado al final el hospital se pagará, tanto su construcción como su actividad, con recursos públicos no convence ni al PSOE ni a IU, que desconfían de la entrada del sector privado en la sanidad pública madrileña.
Desde el PSOE, su tavoz de Sanidad en la Asamblea, Lucas Fernández, considera “muy arriesgado” que “toda la estructura sanitaria” del futuro en la Comunidad pase este modelo. Añadió que en Inglaterra se comprobó que estos hospitales son “infinitamente más caros” que los tradicionales que la empresa adjudicataria revierte el riesgo de la obra sobre el precio, que se incrementa entre un 10 y un 20 ciento.
Fernández subrayó que mientras levantar los siete hospitales costará 648 millones de euros, lo que tiene que devolver la Comunidad en forma de canon son 3.600 millones de euros, cantidad que supone 125 millones de euros al año durante 30 años. El diputado socialista expresó también su preocupación sobre cómo funcionarán dos gerencias separadas (una dependiente de la consejería y otra de la empresa adjudicataria) “con criterios diferentes” y “diferentes formas” de entender la gestión.
