La Asociación de Empresas de Seguiento de Información y Publicidad (AESIP) ha respondido a la Asociación de Editores de Prensa (AEDE). Los editores les han acusado de “lucrarse de forma gratuita con unas páginas que no son de su propiedad”. La polémica se ha instalado a raíz de la discusión de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a empresas de ‘clipping’ o documentalistas a pedir autorización el derecho a cita o recopilación de artículos, previo pago. Para la AEDE esta normativa es todavía muy ambigua y seguirá permitiendo que se utilicen sus textos sin permiso.
En una nota aclaratoria remitida hasta nuestra redacción, la AESIP ha señalado que la actividad de recopilación de artículos de prensa o “press clipping” se viene ejerciendo en España desde hace más de 50 años. “Es una actividad legal, amparada el artículo 32 de la vigente LPI en el que se reconoce el derecho de cita, y tiene su fundamento en el derecho de información de toda persona física o jurídica”.
Desde el año 2002, los editores acusan de piratería al sector, no obstante la asociación de empresas de clipping, señalan que los Tribunales ya les han dado la razón frente a las protestas de la AEDE. “Mediante GEDEPRENSA, los editores pretendieron obtener el monopolio de los resúmenes de prensa y fue el Tribunal de Defensa de la Competencia quién falló en su contra con un no al monopolio pretendido”.
En 2006, el Congreso de los Diputados al adaptar a la Directiva europea el texto español, y casi unanidad, ha aprobado la modificación del art.32 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual estableciendo que “los autores tienen derecho a una remuneración equitativa”. Ello ha llevado a los editores a calificar como “provisada y tendenciosa” la actuación de los legisladores.
La AEDE, que reúne a los principales diarios españoles, quiere que la nueva norma corrija su ambigüedad normativa y reconozca a las empresas editoras no como autores, pero sí como únicos titulares de los derechos de propiedad intelectual de los autores (periodistas, colaboradores, columnistas, etcétera) que escriben en sus publicaciones. La asociación cree que así se protegerá el derecho de los editores frente a las empresas de press clipping que reproducen comercialmente, y “lucrándose de forma gratuita, y ello parasitaria, con unas páginas que no son de su propiedad”, señalan.
Por el contrario, fuentes consultadas PRNoticias señalan que esta misma norma es un atentado contra la libre expresión y el fin de las empresas de clipping. De hecho, muchos documentalistas y periodistas que se dedican a este sector ven detrás de esta ley, segundas intenciones de los grandes grupos de comunicación que mediante presiones al Congreso, han logrado sacar tajada de un negocio que no controlan, como es el de los resúmenes de prensa.
La AESIP señala que sería conveniente posponer la redacción definitiva del nuevo texto del vigente art. 32 hasta la próxa reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, para elaborar un texto propio (y no como ahora, con ocasión de una mera adaptación a Directiva) que tenga en cuenta todos los aspectos polémicos y permita llegar a una solución de consenso. Una polémica que no hace más que empezar.
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