La presidenta de
No nos estamos lucrando, sino que realizamos una actividad profesional, que es bien distinto, desde hace ya muchos años, y que está amparada la legislación todavía vigente. Mientras no se cambie, consideramos que no estamos haciendo nada malo.
¿A quién pertenecen los derechos de autor: al que provoca la noticia, al que la trabaja o al que la publica?
Esa parte, la de dictaminar quien es el titular de estos derechos, le toca al legislador. Personalmente, yo considero que es el autor, el periodista.
¿Podrían gestionar estos periodistas sus derechos de autor del mismo modo que lo están intentando las empresas editoras?
Yo creo que sí. Siempre tendrían que buscar un organismo reconocido legalmente, que gestionarlos con independencia es mucho más complicado.
Seguro que sí.
¿Cree que hay intereses ocultos en las editoras?
Creo que hay un interés más allá de lo que se está dilucidando ahora. Equiparar el clipping al pirateo es una excusa barata; está claro que hay un interés que el tiempo revelará según el cariz que tomen las circunstancias.
¿Existen presiones reales a los diputados y a otras instancias parte de estas empresas?
No nos cabe la menor duda. Nosotros solemos tener entrevistas periódicas con las personas que se ocupan de esta problemática. Es un problema muy grave que nos están descalificando, y tenemos una falta de cobertura mediática enorme que, pese a enviar muchos comunicados de prensa, nadie nos los publica. Estamos con una indefensión muy grande. La desigualdad es patente.
Si se establece un canon de pago de derechos a los periódicos y revistas… ¿es el fin del clipping, y el negocio caerá entonces en manos de los periódicos?
No. El canon, si se establece, no supone un mayor problema. Todo el mundo adaptará su actividad a los pagos y tendrán que pagarlo a quien corresponda. El problema no es el canon, sino las autorizaciones, la exclusividad o el modelo de gestión de los derechos sobre la propiedad intelectual.
¿Es la gente que se dedica al clipping documentalista, o estamos hablando de un ejercicio poco regulado y que no requiere preparación?
Las personas que seleccionan las noticias son documentalistas y periodistas. Al cien cien. Es un requisito prescindible a la hora de contratar a una persona para realizar este trabajo.
50 años de clipping… ¿Sienten que su trabajo está infravalorado?
No. Nosotros pensamos que es una actividad muy digna, un trabajo legal dentro de un sector consolidado, que ha habido siempre mucho esfuerzo y sacrificio a la hora de sacar adelante estas empresas… Y, bueno, que se está haciendo un servicio, tanto a los medios como a los clientes y, sobre todo, a la sociedad. Hay muchos periódicos que se venden y se conocen gracias a nosotros.
Con todo este chaparrón ¿sienten que ahora realizan un ejercicio ‘clandestino’?
No. En ningún momento hemos sentido que estuviéramos haciendo algo mal. Sí que es cierto que nos sentos un poco dolidos a la hora de valorar todas las acusaciones contra nuestro trabajo, acusaciones gratuitas e infundadas. Contra los medios nunca podremos defendernos; ha sido una tónica de descalificaciones que dura ya cuatro años.
400 personas que se dedican al clipping podrían perder su trabajo… ¿El futuro?
Pensamos que, probablemente, podamos hacer entender a los legisladores y a los representantes de los editores que se puede llegar a un punto en el que se pueda solucionar esta polémica, siempre defendiendo, un lado, los derechos de las empresas de clipping que desempeñan una actividad legal y, otro, los derechos de los periodistas a la hora de cobrar su canon.
¿Existe alguna vía de consenso posible?
Yo creo que sí, pero en todo consenso es prescindible una aproxación parte de las dos partes. No es concebible un consenso en el que unos ganen y otros pierdan todo. Yo pienso que se puede conseguir un punto medio, y espero que se consiga mediante conversaciones. AESIP ha cedido muchíso en cuatro años, trabajando en ocasiones unas 15 horas diarias. Los dos procedientos que se han iniciado han sido emprendidos los editores y nosotros sólo hemos podido defendernos. Los legisladores son quienes tienen que dictaminar, en prer lugar, a quién o quienes pertenecen estos derechos de propiedad.
