Cuestionan la constitucionalidad del Plan de Saneamiento

Dos informes jurídicos elaborados los gabinetes Jénez de Parga y Gay & Vendrell cuestionan la constitucionalidad de las medidas Del plan de saneamiento de la SEPI y de la dirección de RTVE.

Dos informes jurídicos elaborados los gabinetes Jénez de Parga y Gay & Vendrell cuestionan la constitucionalidad de las medidas que prevé el plan de saneamiento de la Sepi y de la dirección general de RTVE.

Los informes, elaborados a instancia del Colegio de Periodistas de Cataluña, consideran incompatible el proyecto de reconversión y la obligación que establece la Constitución de mantener una estructura territorial y descentralizada. El abogado Joan Recasens, de la firma Jénez de Parga Abogados, ha recordado que la Constitución obliga en varios artículos a “garantizar la libertad de expresión y la promoción y protección de las lenguas y culturas del Estado“, además de “garantizar el acceso de los grupos sociales a los medios de comunicación”.

Recasens ha explicado que el artículo 3 de la Carta Magna señala que la lengua “es un patronio cultural y las instituciones tienen la obligación de protegerla”, lo que el cierre de Ràdio 4 y la reducción del papel de los centros territoriales irían contra este principio. En el caso de Cataluña, el abogado ha recordado la obligación del Estado de “expresarse en catalán no sólo a través de TVE y RNE sino a promocionar esta lengua independientemente de los canales audiovisuales de que dispone la Generalitat“. Por todo ello, el letrado ha recalcado que el plan de saneamiento “posibilita el cumpliento de las obligaciones constitucionales para las que RTVE fue creada”.

En la misma línea, el informe elaborado el gabinete Gay & Vendrell constata que las reestructuraciones en RTVE “vulneran los principios constitucionales y el modelo territorial del Estado“. El abogado Xavier Campà ha explicado que la remodelación no puede efectuarse “contra los principios que inspiran el actual modelo de radiotelevisión pública”. Tras recordar que la actividad de los medios de comunicación estatales “se debe inspirar en el principio del respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico”, ha recalcado que “no se pueden vulnerar estos principios atribuyendo sólo razones de mercado y de competitividad”.

Campà ha asegurado que la cooficialidad de la lengua y el tratamiento del catalán como lengua propia de Cataluña “obliga al Estado a garantizar el uso del catalán en los organismos y entes radicados en Cataluña o con influencia en Cataluña“, lo que con el anuncio de desaparición de Ràdio 4 y la reducción de los centros territoriales “cuestiona los principios constitucionales en el marco del modelo de Estado de las Autonomías”.

Finalmente, el letrado ha advertido de que el proyecto de Ley de la Radio y Televisión de titularidad estatal que se está tramitando en las Cortes “no puede contravenir en ningún caso los principios constitucionales” que inspiran el actual modelo de RTVE.

EUROPA PRESS