A nivel internacional, España está todavía muy debajo de la media de los países de la OCDE en gasto total para cuidados de dependencia, el 0,6% en España contra el 1,25% de OCDE. Estos datos se desprenden del estudio ganador del Premio de Edad&Vida 2004, realizado un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, y que tiene título “Las personas mayores en situación de dependencia. Propuesta de un modelo protector mixto y estación del coste de aseguramiento en España”.
Según se observa en este estudio todos los países ofrecen prestaciones de ayuda a domicilio y residenciales, aunque existen amplias diferencias entre ellos. También, en todos los casos, la persona dependiente recibe ayudas adicionales, como aparatos técnicos auxiliares, ayudas para la modificación del hogar e incentivos fiscales.
El estudio realizado la Universidad Autónoma de Madrid es una atación innovadora en torno a los servicios de atención a los mayores en situación de dependencia, su cobertura y financiación. Tiene tres puntos especialmente novedosos: una comparativa internacional de distintos modelos de atención a la dependencia, la estación del gasto en dependencia en España Comunidades Autónomas y el análisis de diferentes instrumentos privados de financiación que deberían incentivarse fiscalmente para promover su desarrollo, mejorando la capacidad financiera de los mayores y contribuyendo a una mayor sostenibilidad del sistema.
En todos los países, la cobertura de la dependencia se financia con una combinación de ingresos públicos (puestos/cotizaciones) y privados (ahorros/seguros), puesto que los elevados costes del sistema no pueden ser asumidos en exclusiva con recursos públicos o privados. Sin embargo, existe un claro predominio de la financiación pública, que representa una media del 80% del gasto total en dependencia. El equipo investigador propone un modelo protector mixto, que incrementará las ayudas para las personas en situación de dependencia, y esta el coste que supondrá esta medida en España.
En este sentido, en España actualmente la oferta de servicios sociales para personas mayores dependientes es insuficiente, sólo reciben apoyo un 7% de los ancianos que necesitan cuidados de larga duración. La cobertura de estos servicios es predominantemente pública en ayuda a domicilio y teleasistencia, y privada en centros de día y residencias.
El gasto en servicios sociales para personas mayores dependientes asciende a más de 2.600 millones de euros, unos 4.700 euros usuario mayor de 65 años. Las comunidades autónomas con mayor gasto persona dependiente son Cataluña, Canarias y País Vasco. Por otro lado, Castilla y León, que es la región más envejecida, es la que realiza un esfuerzo mayor en servicios sociales.
Incentivación fiscal de los instrumentos privados de financiación
Según este estudio, incentivar fiscalmente los instrumentos privados de financiación, que complementarán la financiación pública, será prescindible para la sostenibilidad económica del nuevo modelo de atención a la dependencia, según este estudio. Para ello, el grupo de investigadores que ha realizado este estudio propone un nuevo modelo de atención a los mayores en situación de dependencia articulado en tres niveles de protección social.
El prero sería el asistencial, financiado con cargo a Presupuestos Generales del Estado, el segundo contributivo obligatorio, exigiendo un pago obligatorio a todo residente y ataciones del usuario en el momento de percibir las prestaciones en función de su capacidad económica y contributivo voluntario, con ataciones adicionales incentivadas fiscalmente para ampliar la cobertura básica.
En el modelo de financiación propuesto en esta investigación se establece un tercer nivel articulado a través de un seguro de dependencia privado, contributivo y voluntario, que fomenta la competencia el lado de la oferta de servicios en lo referente a la cantidad y calidad de las prestaciones dependencia que no se consideran básicas.
Los incentivos fiscales deberían ir dirigidos, una parte, a fomentar la suscripción de seguros privados de dependencia y a fomentar la conversión líquida de patronios existentes parte de los individuos. Entre las medidas propuestas se solicita la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la vivienda, que constituya la residencial habitual de las personas dependientes. De esta manera se reconoce una menor capacidad adquisitiva derivada de las circunstancias personales y familiares, así como los mayores gastos asociados a las mismas.
