Las amenazas contra periodistas aumentan durante la campaña

BOGOTÁ (03/05/06) El período electoral agudiza las prácticas contra la libertad de prensa en Colombia, lo que se traduce en un incremento sensible de las amenazas que sufren los periodistas que se encuentran ejerciendo sus labores informativas. Así lo confirma un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en el que evalúa la situación durante el prer cuatrestre de 2006, en que se registraron 42 violaciones a la libertad de prensa, frente a las 27 registradas en el mismo periodio de 2005. Un balance desalentador.

BOGOTÁ (03/05/06) El período electoral agudiza las prácticas contra la libertad de prensa en Colombia, lo que se traduce en un incremento sensible de las amenazas que sufren los periodistas que se encuentran ejerciendo sus labores informativas. Así lo confirma un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en el que evalúa la situación durante el prer cuatrestre de 2006, en que se registraron 42 violaciones a la libertad de prensa, frente a las 27 registradas en el mismo periodio de 2005. Un balance desalentador.

El estudio explica que en marzo, mes en que se celebraron los comicios legislativos, se han recibido una mayor cantidad de denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión, principalmente que la especial cobertura informativa de los candidatos al Congreso de la República y de otros temas sensibles de la campaña sitúa a los comunicadores en el blanco de las acciones de quienes no se sienten cómodos con sus retajes.

La cobertura del conflicto paramilitar también ha derivado en violaciones a la libertad de prensa. De hecho, de los ocho casos registrados en Bucaramanga y Barrancabermeja, siete estaban relacionados con la publicación de informaciones relativas a los grupos paramilitares tanto activos como desmovilizados que aparecen como responsables de las agresiones padecidas los informadores.

A esto se suman el acoso y las obstrucciones parte de las autoridades públicas de todos los niveles al trabajo periodístico y, lo que es aún más grave, la punidad de los delitos denunciados, que arroja una señal negativa tanto a los delincuentes, que se sienten con plena libertad para amedrentar y agredir a los periodistas, como a los informadores, pues puede repercutir en el silencio de los informadores a la hora de denunciar y en la autocensura, con los perjuicios que ellos conlleva para la opinión pública y la sociedad colombiana en general.

Un ejemplo claro de la inoperancia de los organismos de justicia a la hora de esclarecer las circunstancias en que se producen este tipo de violaciones es el del asesinato del periodista Gustavo Rojas Gabalo, conocido como “El Gaba”, que falleció el 20 de marzo pasado tras ser vícta de un atentado de 4 de febrero. Las pesquisas llevadas a cabo la Fiscalía General de la Nación se litaron a identificar a los autores materiales del cren, pero sigue sin conocerse quiénes han fueron los responsables intelectuales de la agresión que puso fin a la vida del comunicador.

Una de las medidas que genera mayores expectativas para poner fin a este tipo de prácticas en contra de la libertad de expresión es el compromiso asumido el presidente colombiano Álvaro Uribe respecto de la creación de un comité interinstitucional formado la Fiscalía General de la Nación  y la Dirección de Policía Judicial, pero se hace patente la necesidad de agilizar los trámites para su puesta en funcionamiento.

La precaria seguridad con la que ejercen su labor los periodistas cruza fronteras y la situación colombiana que describe el informe de la FLIP se repite en muchos otros lugares del continente ante la falta de un compromiso certero y firme parte de las autoridades para acabar con las agresiones y con la punidad que las rodea.