La LPI enfrenta a autores, televisiones y periodistas

La nueva LPI arroja más sombras que luces. Sustentada a través del pilar de los derechos de autor, el asunto ha suscitado la controversia de los agentes plicados.

La nueva Ley de Propiedad Intelectual que comenzará a aplicarse a partir de septiembre arroja más sombras que luces. Sustentada a través del pilar de los derechos de autor, el asunto ha suscitado la controversia de los agentes plicados. Las empresas del ‘press clipping’, los consumidores, las televisiones y sobre todo la Sociedad General de Autores SGAE tienen sus opiniones cruzadas y sus intereses enfrentados. Y como es habitual, nadie termina de estar contento con la normativa que al parecer verá la luz en el Congreso.

‘PRESS CLIPPING’

La nueva Ley de Propiedad Intelectual reconoce y regula el derecho de los autores y de los grandes grupos de medios a percibir un canon la copia de sus textos en otras plataformas. Con esto se obliga a empresas de ‘clipping’ o documentalistas a pedir autorización el derecho a cita o recopilación de artículos, previo pago de una suma acordada unilateralmente el editor y con fines comerciales. Fuentes consultadas en el sector señalan que esta nueva norma podría poner en riesgo el trabajo de casi 400 profesionales y periodistas.

En concreto, si una empresa de resúmenes de prensa o cualquier medio, incluso digital, quisiese utilizar textos de los demás medios de comunicación –prensa y revistas deberán pedir autorización al dueño del grupo y éste tendrá la posibilidad de autorizarlo o no. En el caso de que lo hiciese procederá a fijar un precio los textos o del derecho a cita, de manera unilateral.

Muchos documentalistas y periodistas que se dedican a este sector ven detrás de esta ley, segundas intenciones de los grandes grupos de comunicación que mediante presiones al Congreso, han logrado sacar tajada de un negocio que no controlan, como es el de los resúmenes de prensa. La medida deberá pasar el Congreso antes de convertirse en ley, aunque la norma ya ha sido consensuada en la Comisión de Cultura la mayoría de las fuerzas políticas.

Las empresas de seguiento de prensa ya han denunciado que la redacción de la futura Ley de Propiedad Intelectual vulneraría los derechos fundamentales de los ciudadanos. La ley obligaría al sector, agrupado en la AESIP, a pagar a los grandes grupos editoriales la utilización de sus contenidos y a obtener una autorización unilateral del editor.

En cambio la AEDE, organismo que reúne a los principales diarios españoles, quiere que la nueva norma corrija su ambigüedad normativa y reconozca a las empresas editoras no como autores, pero sí como únicos titulares de los derechos de propiedad intelectual de los autores (periodistas, colaboradores, columnistas, etcétera) que escriben en sus publicaciones. La asociación cree que así se protegerá el derecho de los editores frente a las empresas de ‘press clipping’ que reproducen comercialmente, y ‘lucrándose de forma gratuita, y ello parasitaria, con unas páginas que no son de su propiedad’.

LAS TELEVISIONES, A FAVOR

El Proyecto de Ley también enfrenta a la patronal de la televisión con la sociedad de derechos de autor. Para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), constituye ‘un paso adelante’ en el panorama de la propiedad intelectual en nuestro país, mientras que la SGAE califica esta empresa de ‘inadmisible’.

Para la asociación de televisiones privadas, la medida supone ‘una ventana al estableciento’ de sistemas ‘justos y equitativos’ en la retribución a los titulares de derechos de Propiedad Intelectual, y dejar atrás definitivamente ‘la arbitrariedad de la que han venido disfrutando las entidades de gestión de esos derechos –en clara alusión a la Sociedad General de Autores Españoles traducida en el tradicional abuso de su posición dominante y monopolística frente a los usuarios’.

Los autores rechazan de pleno la reforma estar que algunos de sus artículos ‘representan un menoscabo’ de los derechos de autor consagrados en la norma vigente. Acusan al Gobierno de convertir la LPI ‘en una auténtica contrarreforma que nos aleja, aún más, del modelo de los países más avanzados’. ‘Lejos de proteger los intereses de los autores y artistas’ el texto presentado ‘desarmoniza los derechos y fomentará los conflictos entre los autores y los usuarios’.

CANON DE CEDÉS

El Partido Popular ha sido el últo en presentar una propuesta para modificar la Ley, y que no se aplique canon a los programas de ordenador, equipos informáticos, conexiones a Intet, CD y DVD, así como cualquier otro dispositivo informático y sistemas de almacenamiento o reproducción digital.

Hasta hoy, sólo Izquierda Unida había manifestado tímidamente su rechazo a este canon, que se plantó durante el gobierno del Partido Popular. La propuesta del PP recoge ahora una vieja reivindicación de gran parte de los internautas españoles. Según una reciente encuesta de ya.com, cerca del 90% de los navegantes en España está en contra de pagar un centaje a las entidades de gestión de derechos de autor de cada sote vendido.