COSTA RICA. El CPJ ha solicitado al presidente Oscar Arias que reforme las ‘arcaicas leyes de difamación en Costa Rica‘.
COSTA RICA. El comité para la protección de los Periodistas ha solicitado al presidente Oscar Arias que reforme las ‘arcaicas leyes de difamación en Costa Rica” ya que consideran que los casos de difamación se deben atender la vía civil y no la penal como ocurre ahora.
Para la CPJ, la actual legislación en materia de difamación es incompatible con las normas internacionales que regulan la libertad de expresión, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “A pesar de frecuentes peticiones de reforma parte grupos de libertad de expresión costarricenses e internacionales –dice el escrito las antiguas leyes de prensa siguen vigentes. Lo instamos a promover un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa que garantice la elinación del delito de difamación”.
Esta necesidad se ha puesto de manifiesto más si cabe después de un fallo de la Corte Constitucional y un proyecto de ley presentado recientemente en la Asamblea que litaría seriamente el trabajo de los medios de Comunicación, hechos que contrastan a la tradición democrática de Costa Rica.
El 3 de mayo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmó la vigencia de una ley de prensa centenaria que convierte a la calumnia y a la injuria en un delito penal. El artículo 7 de la Ley de Imprenta de 1902 pone una pena de prisión de hasta 120 días el delito de difamación en la prensa escrita.
Existe un consenso creciente entre organismos internacionales en el sentido que las leyes civiles procionan una reparación suficiente para los delitos de prensa. A finales de abril, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó una ley que elina definitivamente la injuria y la calumnia del Código Penal, remitiendo las demandas relativas a estas causas a la jurisdicción civil.
Por otro lado, la Asamblea Legislativa costarricense examinará un proyecto legislativo propuesto dos miembros de la cámara a finales de mayo. La iniciativa, presentada los parlamentarios Alberto Salom y Federico Tinoco, es calificada como un intento de regular el periodismo mediante el estableciento de controles y órganos reguladores en el ejercicio de la profesión. Asismo, la propuesta restringe el derecho a la información al introducir la noción de “información veraz”.
De esta forma, y según informa el CPJ en su escrito, el proyecto de ley podría ser utilizado para procesar penalmente a periodistas acusados de publicar información “no veraz”.
AGENCIAS
