Las municipales, prueba de fuego para la Ley de Publicidad

Si hace algunos días recogíamos las denuncias presentadas CiU contra lo que consideraban un uso indebido de los fondos públicos en alusión a un encarte realizado la Generalitat, es ahora Rafael Sancas quien carga contra las supuestas ‘irregularidades’ cometidas tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de la región, a nueve meses vista de las elecciones. De momento, la recién creada comisión de Publicidad Institucional no se ha expresado en ninguno de los dos casos, lo que nos hace preguntarnos si realmente sirve de algo una ley denostada el sector publicitario.

Desde su formulación hasta su posterior aprobación el pasado 29 de diciembre, la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional ha estado sobrada de buenas intenciones y carente de una utilidad práctica. La ley, calificada algunos publicistas como ‘una norma hecha y para los políticos, que no resuelve de manera alguna las demandas básicas del sector’.

Dejando de lado el hecho de que el texto de dicha ley no contempla ni la regulación de los concursos públicos ni otros temas que sí eran del interés de un sector que mueve la friolera de 14.000 millones al año, la citada normativa se encuentra ante uno de sus principales desafíos desde que entrara en vigor el penúlto día de 2005: las elecciones municipales.

Si en un prer momento fue CiU quien acusó al gobierno de la Generalitat de Cataluña de utilizar fondos públicos para ensalzar su mandato, es ahórrale Secretario General de la Federación Socialista Madrileña, Rafael Sancas, quien acusa a los gestores de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid – controladas el Partido Popular de utilizar el dinero de los madrileños para reforzar su agen de cara a las elecciones de mayo.

Según palabras del propio Sancas, el gasto diario realizado ambas instituciones sumaría más de medio millón de euros en propaganda, lo que supondría alrededor de 137 millones de euros anuales, una cifra que sextuplicaría a las cantidades presentadas en 2002 (22 millones/año). Por este motivo, el máxo representante de los socialistas madrileños ha denunciado que estas actuaciones infringen las Ley 29/05 de Publicidad y Comunicación Institucional, al mismo tiempo que pedía la creación de una ley regional ‘como ya ocurre en comunidades como Asturias, Cataluña, Valencia, Andalucía o Aragón’.

Sean o no desprocionadas las cantidades a las que alude Sancas, lo único cierto es que la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional tiene en Cataluña y Madrid dos grandes piedras de toque para demostrar su valía…o el contrario dar la razón a quien considera que no sirve absolutamente para nada.

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