Un periodista podría enfrentar una condena de ocho años de cárcel

LIMA (14/09/06) La acusación ‘divulgación de secreto de Estado’ contra el periodista Mauricio Aguirre Corvalán, que trabajó en el Canal 4, podría suponer una condena de ocho años de cárcel, mientras que a su colega, Humberto Ortiz Pajuelo podrían ponerle una pena de cuatro años un delito contra la Administración judicial haber revelado en 2004 un asunto de extorsión en el que plicaba a un funcionario de Inteligencia.

En septiembre de 2003 Aguirre emitió en su programa ‘Cuarto Poder’ un vídeo de 1998, en el que aparecía el ex mandatario Alberto Fujori –actualmente detenido en Chile, donde se dire su extradición a Perú presidiendo un Consejo de Defensa sobre el conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador. El video fue grabado el hijo del entonces Presidente y fue utilizado en su campaña de 2000, para la reelección.

Pese a que el cinta fue enviada a la redacción de ‘Cuarto Poder’ el departamento de prensa de Fujori, el pasado 15 de agosto la Segunda Fiscalía Superior de La solicitó para Mauricio Aguirre Corvalán la pena de ocho años de cárcel y 150.000 euros de multa, “revelación de secretos de interés nacional en perjuicio del Estado”.

En el caso de Humberto Ortiz, el 24 de agosto pasado el fiscal Pedro Angulo Arana, de la Cuarta Fiscalía Superior de La, que está especializada en delitos de corrupción de funcionarios, le solicitó una condena de cuatro años de cárcel y 2.500 euros de reparación civil, que en 2004 publicó una investigación en la que el periodista mencionó la existencia de una grabación de audio que probaría que el jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, César Almeyda, había extorsionado al general Oscar Villanueva.

Ortiz explicó que la grabación estaba en manos de su fuente, cuya identidad protegió. Por eso, la Fiscalía acusó a Humberto Ortiz Pajuelo de esconder pruebas en la investigación abierta a César Almeyda, y de querer vender la grabación a terceros. En un prer momento, el fiscal Angulo sobreseyó el procediento, pero fue desestada una jurisdicción superior, que le obligó a reabrir el caso.

Para Reteros Sin Fronteras, ‘estas actuaciones representan un abuso de poder y un ensañamiento sumarial, que no traducen más que hostilidad hacia la prensa’.