Los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos se encuentran en estos momentos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro, donde prestan declaración presuntas irregularidades urbanísticas.
Los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro se encuentran en estos momentos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro, donde prestan declaración presuntas irregularidades urbanísticas.
La citación judicial se ha producido a raíz de una denuncia presentada el colectivo de funcionarios públicos Manos Lpias. Los delitos los que se va a tomar declaración a Joaquín Tejeiro, alcalde de Ciempozuelos entre 1991 y 1995, y Pedro Torrejón, regidor desde 2003, son presunta prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y contra la ordenación del territorio.
Junto a los dos ex alcaldes, también han sido citados como putados Francisco Javier Castillo y Jose Luis del Olmo Lorenzo, de la promotora Esprode, y Juan Angel Muñoz García, de la empresa Forest Consulting.
Todas estas imputaciones están relacionadas con el supuesto pacto entre Joaquín Tejeiro y la inmobiliaria Esprode de una comisión de 40 millones de euros lograr una recalificación urbanística en el sector 2 Cerro de los Sotos, incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ha sido aprobado provisionalmente el Consistorio, ya con Pedro Torrejón como alcalde de Ciempozuelos.
Además,
La publicación en el diario ABC del presunto pacto entre Tejeiro y Esprode provocó que el Partido Socialista de Madrid forzara la disión de Pedro Torrejón como alcalde, el 17 de octubre, lo que ha provocado una crisis institucional en el Ayuntamiento de Ciempozuelos, al que le ha llegado además la notificación de que el Gobierno regional le devolvía el PGOU para que sea revisado ante estas noticias de supuestos delitos urbanísticos.
Otra consecuencia de este asunto ha sido la decisión del secretario general del PSM, Rafael Sancas, de redactar un documento que obliga a los regidores de su partido a hacer públicos sus bienes e intereses antes de las próxas elecciones autonómicas y municipales, y a que realicen auditorías urbanísticas al final de sus respectivos mandatos.
