El diario El Mundo publicaba ayer una crónica de lo ocurrido el pasado 30 de octubre durante el últo pleno municipal de la localidad toledana de Seseña. Hasta hace unos meses muchos no sabían ni dónde quedaba este municipio. Ahora, el drama urbanístico que se vive en Seseña es noticia constantemente en los principales medios de comunicación del país.
El diario El Mundo publicaba ayer una crónica de lo ocurrido el pasado 30 de octubre durante el últo pleno municipal de la localidad toledana de Seseña. Hasta hace unos meses muchos no sabían ni dónde quedaba este municipio. Ahora, el drama urbanístico que se vive en Seseña es noticia constantemente en los principales medios de comunicación del país.
Seseña, un municipio de 10.000 habitantes, es desde hace algún tiempo objetivo de editoriales, crónicas y suplementos de los principales medios de comunicación de España. Ayer, El Mundo publicaba en sus páginas una crónica sobre el últo y delirante pleno ocurrido en pasado 30 de octubre en la localidad toledana. Un pleno en el cual a las 20.10 ya no quedaba sitio para alojar a los miles de periodistas que se habían desplazado hasta allí.
Manuel Fuentes, alcalde de Seseña, había tenido que acudir a declarar esa misma mañana al Juzgado de Instrucción de Illescas que el promotor inmobiliario, Francisco Hernando, le exige una indemnización de 500.00 euros haberle calumniado al denunciar en público que lo había intentado sobornar. Izquierda Unida, agrupación a la que pertenece Manuel Fuentes, denunció ante
El Mundo continúa relatando que Fuentes, tras la querella de El Pocero, debía inhibirse en la votación prevista para el pleno. En el punto déco del orden del día figuraba la desestación de un segundo Programa de Actuación Urbanística (PAU) donde Hernando quería construir un polígono industrial de 1,6 millones de metros cuadrados. ‘Es decir, 40 millones de euros para los bolsillos de Hernando sólo en constes de urbanización’ añade El Mundo.
Cuando llegó el polémico punto, el prer edil de Seseña abandonó la sala junto con dos concejales del PSOE, Tomás García Félix y Catalina Murillo, que reconocen trabajar para el constructor. A este respecto el diario señala que ‘los concejales de la oposición (PSOE) reciben 120 euros al mes asistir a las reuniones y leerse los papeles’.
Todo dependía del Partido Popular. Si votaban junto a los dos socialistas, forzaba la inhibición del alcalde y daría vía libre al nuevo PAU de los Albañales. El tavoz popular, Javier Hernández Cojo, acudía al baño con su compañero, Víctor Hernández, en momentos claves del pleno. Tras la votación, en la que los cuatro ediles del PP se abstuvieron, El Pocero perdía la otunidad de construir un polígono industrial de 1, 6 millones de metros cuadrados.
A la mañana siguiente, continúa El Mundo, el tavoz popular presentaba ‘un escrito, razonado como si tuviera formación jurídica, pidiendo repetir la votación del PAU de Hernando que se equivocó en su voto’. El PP de Castilla
