Un presunto ‘megrafraude’ en Madrid afecta a miles de familias que habían comprado viviendas de carácter protegido, creyendo que accedían a una libre. Pagaron el valor que la casa tenía en el mercado, pero sujetos a las condiciones de una construcción protegida, que lita su venta a otros compradores durante años, entre otras restricciones. La promotora Bitango, relacionada con el escándalo de Cienpozuelos, asegura que las parcelas se las vendió la entidad Tifan, propiedad del putado en el ‘Caso Malaya’, Fidel San Román.
Los compradores aseguran en la página web que han creado para denunciar su situación, www.afetadosbitango.com, según publica El Confidencial, que las inmobiliarias les vendían los pisos y chalés sin especificarles el carácter de las edificaciones. Una vez entregaban la señal, el resto de la gestión la llevaba Bitango, que cobraba un 15% del valor de la casa, lo que no debería ser así si se trataba de una vivienda pública, según declaran los afectados. Otras empresas de los San Román, como Sanedi o Edisan son algunas de las constructoras encargadas del proyecto.
En total 2.300 familias de Móstoles, Arroyomolino, Cienpozuelos, Valdemoro, Fuenlabrada, Leganés y Getafe han adquirido sus casas un valor muy superior al que deberían haber pagado al tratarse de viviendas protegidas. Por algunas han llegado a abonar hasta 55 millones de pesetas, cuando en realidad la vivienda pública en esa zona de Madrid tiene un precio máxo de 971,91 euros el metro cuadrado.
Esto ha llevado a que existan situaciones de todo tipo: algunos han vendido sus anteriores viviendas y ahora viven de alquiler que aún no se les ha entregado la nueva. Otros querían comprar una casa libre que ya disponían de otra protegida que querían poner a la venta y se encuentran con el problema de que no pueden ‘deshacerse’ de ninguna de las dos, ya que de renunciar a la nueva vivienda perdería el 20% de lo abonado además del piso.
Los afectados han puesto ya todo en manos de la justicia, que de fallar a su favor, obligaría a las entidades a pagar multas de entre 6.000 y 60.000 euros además de devolver el dinero que han cobrado indebidamente.
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