La Fiscalía Anticorrupción decide archivar las denuncias que dos concejales del PP de Torrelodones realizaron supuesta corrupción urbanística contra miembros de su propio partido ante la falta de pruebas. Los ediles, José María Pacios y Reyes Tinto acusaron al alcalde del municipio, Carlos Galbeño, de irregularidades urbanísticas, entre otros. Por su parte, la Fiscalía comunicó el pasado día 2 a los dos ediles el archivo del expediente del caso.
La Fiscalía Anticorrupción decide archivar las denuncias que dos concejales del PP de Torrelodones hicieron contra miembros de su propio partido, relativas a supuesta corrupción urbanística ante la falta de pruebas. Los ediles del PP en Torrelodones, José María Pacios y Reyes Tinto acusaron al alcalde del municipio, Carlos Galbeño, de irregularidades urbanísticas.
Según informa hoy La Razón, el Fiscal no ha encontrado irregularidad alguna en el ejercicio de la actividad política de los acusados. El alcalde de Torrelodones y el diputado Mario Mingo fueron acusados los dos ediles de intentar cobrar comisiones valor de 150.000 euros al propietario de la promotora Tresni S. L. para evitar la expropiación de un solar donde se iba a construir un parking. En este sentido, Pacios y Tintó presentaban como prueba una supuesta conversación mantenida con el promotor que todavía no ha sido hecho pública lo que se empieza a dudar de su existencia.
Además José María Pacios y Reyes Tintó acusaban a Mingo de haber recibido propuestas para conceder la gestión de lpieza de las zonas verdes de Torrelodones a un concuñado suyo. Así como del presunto uso anómalo de los servicios municipales para levantar el embargo de su propia vivienda el alcalde.
Por su parte, el secretario general de los populares madrileños cree que ahora Pacios y Tintó deben abandonar sus cargos, ya que aunque el Partido Popular los expulsase de sus filas, la decisión final recaería sobre los propios concejales.
Pacios y Tintó tendrán que comparecer ante los tribunales delito de calumnias que los dirigentes de Torrelodones presentaron contra ellos el 3 de noviembre, hecho el que los querellantes piden hasta un millón de euros.
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