El ataque a la T4 de Barajas nos trajo a la memoria el horror del atentado de Hipercor de Barcelona en 1987, en el que eta dejó 21 muertos. La lentitud de la administración pública y la falta de una legislación eficaz para enfrentar aquella situación han derivado en que a día de hoy aún hay 33 personas que no pueden acceder a las indemnizaciones (sólo han pasado 19 años). Desde la Asociación Catalana de Víctas de Organizaciones Terroristas se insiste en una reforma urgente de las políticas para enfrentar las acciones de los violentos.
Paciencia, mucha paciencia, es lo que recomienda tener Roberto Manrique, presidente de la Asociación, a las víctas del últo ataque de la organización terrorista eta. Y es que él mismo padeció en ca propia la falta de eficacia de la administración pública cuando fue vícta del atentado de Hipercor, uno de los más sangrientos de la banda.
Manrique recuerda que los tribunales determinaron que hubo ‘mal funcionamiento de los cuerpos de seguridad del Estado’ al enfrentar la amenaza terrorista que se concretó pasadas las 16 horas del 19 de junio de 1987 en Barcelona, cuando una mezcla de 30 kilos de explosivos, 100 litros de gasolina y una cantidad indeterminada de pegamento explosionó en la sede de Hipercor de Meridiana, en Barcelona.
Desde su experiencia, reconoce que las cosas han mejorado con la legislación que han desarrollado los sucesivos gobiernos para enfrentar los efectos de la amenaza terrorista. Al menos la situación actual es mejor que la que él y las decenas de afectados debieron enfrentar, aunque insiste en la necesidad de una reforma urgente de la actual legislación.
Según Manrique, a día de hoy, cuando faltan pocos meses para que se cumplan 20 años de ese fatídico acto de barbarie, hay 33 personas afectadas –entre las que hay viudas, viudos, heridos, padres de víctas que siguen siendo ignoradas parte de las instituciones y se les siga negando el acceso a una indemnización. ‘Es una burrada a nivel jurídico’, sostiene.
El presidente de la Asociación, que trabajaba en las instalaciones de Hipercor como carnicero, asegura que no han recibido gran ayuda parte de la empresa, ‘ni un juguete para los niños’, salvo los transtes para que las víctas pudieran asistir al juicio que se celebró en 2003. Desde El Corte Inglés manifiestan que en su momento quedó establecida la responsabilidad del Estado al respecto y que la empresa había pagado todas las indemnizaciones a las que estaba obligada.
La aprobación de la Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctas del Terrorismo supuso un tremendo avance que, sin duda, ha logrado que los afectados no se encuentren en la situación de indefensión que golpeó a las víctas de Hipercor. Pero Manrique sostiene que ya es hora de actualizar y mejorar algunos aspectos, como acortar los enormes plazos de espera. Tal vez a fines de este mes de enero varias organizaciones de víctas logren un acuerdo sobre el borrador de una propuesta de reforma que se elevará al Parlamento.
Lo dicho. Para las víctas del bombazo de la T4 en Barajas, paciencia, mucha paciencia.
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