La libertad de expresión retrocede en Uruguay

MONTEVIDEO (11/01/07) La situación de la prensa uruguaya no pasa su mejor momento. Así lo considera la Asociación de la Prensa de Uruguay (APU) al presentar el informe ‘Relatorio 2006’, donde se detallan los atentados contra la libertad de expresión, entre ellos el fallo de la Suprema Corte que restringe las posibilidades de investigación a los funcionarios públicos.

MONTEVIDEO (11/01/07) La situación de la prensa uruguaya no pasa su mejor momento. Así lo considera la Asociación de la Prensa de Uruguay (APU) al presentar el informe ‘Relatorio 2006’, donde se detallan los atentados contra la libertad de expresión, entre ellos el fallo de la Suprema Corte que restringe las posibilidades de investigación y de crítica sobre los funcionarios públicos.

Este organismo judicial revocó una sentencia absolutoria a un periodista y revirtió así la jurisprudencia que durante más de una década había establecido la preferencia de la libertad de expresión enca de la del honor, en los casos en que los comunicadores divulgan informaciones consideradas de interés general.

El informe esta que ‘la jurisprudencia establece litaciones en la terminología que se puede utilizar al criticar a un funcionario electo y solicita un estándar de veracidad y exactitud para publicar casos de corrupción que en los hechos se convierte en una litación extrema para los periodistas’. El presidente de la APU, Manuel Méndez, adelantó a la Agencia EFE que pretenden llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El año pasado se registraron numerosos casos en que los profesionales de la información debieron enfrentar procesos penales ejercer su profesión, lo que la APU pidió al Ejecutivo que derogue los delitos de desacato, atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero, difamación e injurias, sobre todo cuando se trata de informaciones de interés público o expresiones críticas a los gobernantes.

Pese a que así lo recoge la legislación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el país homologó en 1985, Méndez consideró que no existe voluntad política parte del Gobierno para promover estos cambios y para garantizar la seguridad de los informadores frente a las amenazas de muerte, que el año pasado afectaron a dos periodistas, y frente a las agresiones físicas, sin que la Policía haya logrado esclarecerlas.

Finalmente, el informe repudió la censura que en 2006 se registró parte de los directores de medios de comunicación contra informaciones elaboradas los reteros y reiteró la necesidad de que el Parlamento apruebe un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y una Ley Nacional de Archivos, para fomentar la transparencia.