RSF espera que la decisión del juez Santiago Pedraz, de dictar una orden de detención para los militares responsables del disparo que mató a José Couso, sirva para mejorar la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto.
Para RSF la decisión del juez Santiago Pedraz, de dictar una orden de detención internacional para los militares responsables del disparo que mató a José Couso, sirva para mejorar la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto.
‘Deseamos que la decisión permita que se entienda hasta qué punto no es abstracta la cuestión de la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto, y pide respuestas urgentes. La aprobación, el 23 de diciembre de 2006 unanidad, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la resolución 1738 sobre la protección de los periodistas en los conflictos armados, viene a recordar que la muerte de los profesionales de la información ya no debe verse como una fatalidad’, ha declarado la organización de defensa de la libertad de prensa.
El 16 de enero de 2007, el juez madrileño Santiago Pedraz dictó una orden de detención internacional para tres militares norteamericanos el ‘asesinato’ de José Couso, camarógrafo del canal privado Telecinco, que murió el 8 de abril de 2003 en el ataque al Hotel Palestina de Bagdad.
La medida concie al sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el tenientecoronel Philip de Camp, responsables del carro de combate de donde procedió el disparo mortal. Santiago Pedraz ha solicitado también que se examine la posibilidad de congelar los haberes de esos militares norteamericanos, para el caso de que fueran condenados a pagar daños a la familia de José Couso.
La Embajada de Estados Unidos en España ha recordado que la muerte de José Couso ya fue objeto de una investigación, que concluyó en que los militaron actuaron ‘en conformidad con las reglas de combate operativas en esa zona de conflicto armado’. El abogado de la familia de José Couso, Leopoldo Torres Boursault, ha dicho que si no consigue la extradición no dudará en pedir la aplicación de la resolución 1738.
Aunque las autoridades militares se negaran a extraditar a los tres militares, podrían ser detenidos de todas formas en el caso de que viajen a algún país con el que España tenga firmado un tratado de extradición.
